Tegucigalpa. Francisco Morazán. La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) inicia este lunes el juicio oral y público en contra de seis implicados en el caso denominado “Fraude sobre Gualcarque”, causa que se relaciona con la lucha que libró la ambientalista Berta Isabel Cáceres Flores.

Este debate estaba programado para comienzos de junio de 2021, pero, el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción pospuso el mismo en atención a situaciones propias a la parte defensora.

Los enjuiciados son Roberto Aníbal Martínez Lozano, Roberto David Castillo Mejía, Carolina Lizeth Castillo Argueta, Luis Eduardo Espinoza Mejía, José Mario Carbajal Flores y Raúl Pineda Pineda, cuyo audiencia duraría hasta el 19 de agosto próximo.

La acusación, que data del 4 de marzo de 2019, es por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos en perjuicio del Estado.

La investigación fue conducida por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC, ahora UFERCO) y contó con la colaboración activa de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) y el apoyo de las Fiscalías Especiales de Etnias y Medio Ambiente.

En el juicio de busca demostrar que los seis acusados cometieron delitos contra la administración pública para lograr que una empresa desarrolladora del proyecto hidroeléctrico fuera beneficiada con el contrato de operación y la contrata de aguas sobre el río Gualcarque que se celebró con la extinta Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), así como el contrato de suministro y potencia de energía con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Las investigaciones de las denuncias que presentó Berta Cáceres en su momento, permitieron develar las presuntas irregularidades en diferentes concesiones de recursos hídricos y que afectarían a la comunidad indígena Lenca.

Entre las anomalías, se establece que el presidente de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), Roberto David Castillo (también procesado por la muerte de Berta Cáceres) ejercía un cargo en la empresa desarrolladora y al mismo tiempo en la ENEE, lo que le dio la oportunidad de asistir a las diversas sesiones de la junta directiva de la estatal eléctrica en calidad de invitado. En las reuniones se discutieron y aprobaron los contratos con su empresa, eminentemente había un conflicto de intereses, lo que permitió y dejó pasar el exgerente de la ENEE, Roberto Aníbal Martínez Lozano.