Tegucigalpa. Francisco Morazán. El Ministerio Público obtuvo un fallo de seis años de reclusión en contra de Jhennilly Estrella Ardón Castañeda por el delito de trata de personas agravada en la modalidad de explotación en condiciones de esclavitud sexual forzada en concurso real y servidumbre en perjuicio de dos menores de edad.
Esta condena, que incluye la inhabilitación absoluta y la responsabilidad civil de la imputada, se decretó en aplicación a un procedimiento abreviado en una causa penal que ha seguido la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas (UTESCTP) en conjunto con la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez (FEPNIÑEZ).
Según la relación de hechos, en el mes de febrero de 2020, las víctimas, quienes eran originarias de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, recibieron una oferta de trabajo de parte de su vecina Jhennilly Estrella Ardón Castañeda.
Ésta les ofreció trabajo como mesera y cajera en un restaurante ubicado en México, manifestándoles que pagaban bien; a lo que las ofendidas le respondieron que estaban interesadas pero que el problema era que no tenían el dinero para pagar el viaje hasta aquel país.
La hoy condenada les dijo que por el dinero no se preocuparan ya que ella se encargaría de los gastos y que después se lo devolvieran; ante dicha propuesta las menores que pasaban por necesidades económicas decidieron aceptar.
Días después, Jhennilly Estrella Ardón Castañeda les informó que ya le habían enviado el dinero desde México para que ellas pudieran viajar y fue en ese momento que les expresó que ella no las acompañaría y que irían con otra persona, estando coordinado todo.
Fue el 25 de febrero de 2020 que las jóvenes comenzaron a ser trasladadas de La Ceiba a San Pedro Sula, luego a la frontera de Agua Caliente, para después cruzarlas por Guatemala y finalmente llegar a Chiapas, México.
Allá las recibió “Martín”, el contacto de Jhennilly Estrella Ardón Castañeda, quien las sometió a trabajos forzados en el bar y restaurante Escorpión, donde debían hacer compañía a los clientes del sexo masculino que acudían al establecimiento, fichar tragos, consumir cocaína y marihuana con los visitantes, entrando a las 10:00 de la mañana a trabajar y saliendo a la medianoche, sin recibir salario, puesto que todo lo devengado era para cubrir la deuda que habían contraído con su vecina.
Las menores víctimas, bajo amenazas, permanecieron en este lugar alrededor de cuatro meses, consiguiendo irse cuando el bar cerró debido al Covid-19, finalmente, concretando en agosto de 2020 la Unidad Contra la Trata del MP su rescate en coordinación con distintas autoridades mexicanas, por medio del Consulado de Honduras en Tapachula.