Tegucigalpa, Francisco Morazán. El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), ejecutaron dos órdenes de captura contra un funcionario judicial y otra persona relacionada a quienes se les acusa por los delitos de revelación de secretos, cohecho, juegos de azar no autorizados y lavado de activos. Las acciones se desarrollaron en allanamientos en la colonia San José de la Peña y la residencial Las Uvas de Comayagüela, en donde se encontraron además indicios relacionados con dichos delitos.

Las personas detenidas son Lenard Francisco Matamoros García quien se desempañaba como Receptor II del Circuito Anticorrupción en Tegucigalpa y su madre María Reina García Cruz, además de solicitar citación para Dina Emérita Murcia García.

Durante el desarrollo de los allanamientos ordenados por el juzgado de letras penal con jurisdicción nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción, también se aseguraron e incautaron un bien inmueble ubicado en residencial Las Uvas, propiedad del abogado Gabriel Eduardo Chacón Larios (fallecido), cuya escritura pública de compraventa fue alterada por un pariente del notario autorizante, y posteriormente vendido por menos del 20% de su valor comercial a la madre del funcionario judicial relacionado.

Como antecedente, es preciso informar que las investigaciones del presente caso iniciaron desde el 2019, cuando la MACCIH-UFECIC durante los procesos de solicitud de diligencias de allanamientos, se identificó que, desde el juzgado de letras penal con jurisdicción nacional en materia de corrupción, se estaba facilitando información a los investigados, lo que traía como consecuencia que las diligencias prejudiciales y captura de los imputados, fracasaran; lográndose identificar, al menos en dos ocasiones, la entrega de dinero a cambio de dicha información.

Se establece en el análisis financiero que los ingresos de dicho funcionario judicial aumentaron de manera considerable cuando inicia labores en el circuito anticorrupción, siendo ante su salario el único ingreso identificado. En dicho periodo también inicia las transacciones en efectivo a través de cajeros automáticos, consistentes, al menos en 165 depósitos, que sumaron un total de L2,063,800.00.

Uno de los modus operandi a los que recurrieron son los depósitos en efectivo a través de cajeros automáticos, así como la  administración y explotación de juego de suerte, envite o azar no autorizados, que en un principio operaban desde su vivienda y que, posteriormente durante la pandemia de COVID-19 continuó con la operatividad utilizando las aplicaciones de WhatsApp y ¨PÓKER¨, para organizar las partidas de juego, operando como un casino clandestino, en el que  se han identificado, a la fecha, alrededor de 213 jugadores que pagaban sus apuestas a través de trasferencias bancarias a su cuenta bancaria personal, que sumaron aproximadamente dos millones de lempiras.

Con esta acción, el Ministerio Público reitera a la población hondureña su compromiso con el combate a la corrupción y el adecentamiento de las instituciones vinculadas al sistema administración de justicia.