Comayagua, Comayagua. En el marco de la primara operación nacional que lidera el Ministerio Público (MP), la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) Regional Comayagua, presentó requerimiento fiscal en contra del actual alcalde y un excalde y actual regidor de Masaguara, Intibucá, así como en contra de los miembros de la Corporación Municipal del mismo municipio durante el periodo 2014-2018, por suponerlos responsables de violación a los deberes de los funcionarios, al aprobar al margen de la Ley la explotación de material selecto en una propiedad privada del sector de Zarateca.
El requerimiento fiscal se presentó luego de seguir todo el proceso y que fuera admitido y resuelto el antejuicio por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, por lo que el Ministerio Público sigue ahora el proceso penal para deducir la responsabilidad.
De acuerdo con el expediente de esta causa, en junio de 2016, el entonces alcalde de Masaguara, Manuel Amaya Montoya (actual regidor), autorizó a una empresa para la explotación de un supuesto banco de material selecto, en un predio ubicado calle hacia la comunidad de Guatateca, esto sin seguir los lineamentos y sin los permisos necesarios del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN).
Otro caso relacionado es de fecha 16 de enero de 2017, cuando la Corporación Municipal de Masaguara (2014-2018) conformada por el alcalde Amaya Montoya y los entonces regidores José Oduber Ruiz Girón (actual alcalde), José Luis Figueroa Montoya, Santos Cabrera, Eugenia Amparo Martínez, Paola Janeth Posadas Suazo, Israel Montoya Rodríguez y Emin Navid Rodríguez Martínez, en sesión ordinaria, aprobaron dejar el predio ubicado en Zarateca como balastrera municipal, obviando nuevamente los procedimientos establecidos por INHGEOMIN.
Por esas conductas recurrentes se investigan otras corporaciones municipales que otorgan estos tipos de permiso sin seguir los procedimientos establecidos en la ley. La Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública dirige investigaciones que den lugar a la presentación de nuevos requerimientos fiscales.