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Recurso de apelación por sobreseimiento a favor de funcionaria del IP de La Ceiba acusada de registrar tierras garífunas a terceros

Publicado el 17 mayo, 2021 | | Compartir

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Recurso de apelación por sobreseimiento a favor de funcionaria del IP de La Ceiba acusada de registrar tierras garífunas a terceros

etniaTegucigalpa, Francisco Morazán. La Fiscalía Especial de Protección de Etnias y Patrimonio Cultural, actuando por medio de sus agentes tribunales y en representación de la sociedad hondureña, solicitarán se enmiende la determinación de favorecer con un sobreseimiento definitivo a la registradora del Instituto de la Propiedad (IP), Vilma Doris Méndez Romero, en el proceso instruido en su contra por el delito de violación de los deberes del funcionario en perjuicio de la administración pública y la comunidad garífuna de Nueva Armenia, Jutiapa en Atlántida, caribe de Honduras.

Para ello, se presentará un recurso de apelación en contra de la resolución de un juez penal ceibeño, ya que a criterio del Ministerio Público éste no valoró de manera adecuada y objetiva la carga probatoria evacuada en una audiencia inicial celebrada la semana anterior.

A través de diligencias investigativas se constató por parte de la Fiscalía de Etnias que en fecha 13 de septiembre del año 2006, la funcionaria acusada, en su condición de registradora titular del IP, inscribió la donación de un predio de terreno de 10,439.33 metros cuadrados, violentando así lo establecido por la ley en relación a la prohibición de inscripción de propiedades a favor de terceros, cuando las tierras pertenecen a los pueblos indígenas y afrohondureños.

Asimismo, como parte de las diligencias se procedió a realizar inspección por técnicos expertos en la materia y se logró determinar que el terreno se encuentra dentro del polígono de la comunidad garífuna de Nueva Armenia de Jutiapa y que desde la fecha 26 de agosto de 1997, le corresponde por derecho ancestral el uso, goce y propiedad de las tierras.

El Ministerio Público exhorta a los funcionarios públicos a que se cumpla con lo establecido en la Constitución de la República y que en su artículo 346 dispone: “Es deber del Estado dictar medidas de protección a los derechos e intereses de las comunidades indígenas existente en el país, especialmente de las tierras y bosques donde estuvieran asentadas”.

De manera que, con lo anterior, se buscará que una Corte de Apelaciones resuelva favorable a los intereses y derechos ancestrales de la comunidad garífuna de Nueva Armenia de Jutiapa.

Cabe reseñar que además de este nuevo caso, existen otras impugnaciones por arbitrarias y similares resoluciones a favor de la registradora titular del Instituto de la Propiedad, Vilma Doris Méndez Romero, lo que causa extrañeza como Ente Acusador.

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