Rechazan petición de medidas sustitutivas a favor de supuestos lavadores de activos capturados durante Operación Laberinto
Tegucigalpa, Francisco Morazán. – La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) se notificó en las últimas horas de la resolución de la Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional que declara “Sin Lugar” la petición de la defensa de otorgar medidas sustitutivas a dos personas procesadas por lavado de activos en el marco de la Operación Laberinto.
Se trata de Maritza Gallardo Fúnes y Berta Waldina Villatoro Ortiz, quienes deberán seguir cumpliendo Prisión Preventiva mientras van a juicio, en razón de la inaplicabilidad a su favor del decreto transitorio PCM 36-2020 normativo de la pandemia del COVID-19 y la reciente reforma del artículo 184 del Código Procesal Penal sobre los presupuestos legitimadores por los cuales un juez debe dictar medidas cautelares restrictivas de la libertad.
Operación Laberinto, bajo la ejecución de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) en septiembre de 2018, dejó como resultados: ocho capturas, 16 allanamientos, cinco inspecciones y 80 aseguramientos de bienes de origen ilícito, en razón de investigaciones que vinculan a Maritza Gallardo Fúnes, Wilfredo Lainfiesta Dubón, Daniel Meléndez de Vicente, Juan Pablo Iscoa, Berta Villatoro Ortiz, Francisco Molina Cálix, Bertín Cruz Cárdenas y José Francisco Mejía, con el ciudadano guatemalteco Mario Roberto Girón Maldonado, quien además posee identidad hondureña con el nombre de Oscar Ayala López (nombre que según el Registro Nacional de las Personas es de un difunto), señalado por narcotráfico y por lo cual ha adquirido bienes en Honduras, los que aparecen a nombre de su familiares y otros socios.
Entre las actividades mercantiles que han sido constituidas con dinero que no tiene justificación económica ni legal su origen, se encuentran las sociedades CONDOMINIOS SANTA ANA S.A. DE C.V. e INVERSIONES VILLATORO S.A. DE C.V., así como la operación de hoteles y restaurantes en San Pedro Sula como es el caso de la sociedad BIENES INMUEBLES S.A., también se invirtió en una sociedad dedicada a la comercialización de productos del mar en el sur del país denominada CULTIVOS IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS MARINOS S. DE R.L. DE C.V.
Por estos hechos, Fiscales Contra el Crimen Organizado evacuaron a finales de enero pasado, la audiencia de proposición de pruebas, en la que se ofertaron y admitieron más de 150 insumos y pericias, señalándose el juicio oral y público para la última semana de noviembre y la primera quincena de diciembre de 2020.