Tegucigalpa, Francisco Morazán. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), acudirá este próximo martes 19 de diciembre a la audiencia inicial en contra de cuatro exempleados del Instituto Nacional Penitenciario (INP), que se valieron del dolor de 50 familias quienes perdieron a sus seres queridos en el incendio del Centro Penal de San Pedro Sula en mayo del 2004, en donde lamentablemente fallecieron más de 107 privados de libertad. En dichos actos se confabularon además dos notarios públicos.

En ese sentido, los encausados son los notarios Laureano Carbajal Rivas, Pedro Armando Santos Martínez y Farid Sanabria Polanco, además de los exempleados del INP, Silvio Javier Morales Rodríguez, Carlos René Aguilar Sevilla, Albertina Eduviges Gómez Canales, todos acusados por varios delitos de falsificación de documentos públicos.

De acuerdo a la relación de hechos investigados, luego de las trágicas muertes, los familiares de los fallecidos interpusieron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en lo que se conoció como “Caso Pacheco Teruel y otros”, en donde, se determinó mediante sentencia en el año 2012 que el Estado de Honduras debía pagar a cada una de las 107 familias una indemnización de 317, 289 lempiras con 72 centavos. Dichos fondos comenzaron a pagarse en el año 2017 luego que la directora del INP creara una comisión para cumplir con la sentencia.

Sin embargo, se descubrió por parte del Ministerio Público que 49 cheques pertenecientes a igual número de familias fueron cambiados en el Banco Central de Honduras (BCH) por una misma persona quien actuó con poderes que nunca otorgaron las víctimas, además se encontraron inconsistencias en la documentación con las firmas de los afectados y las huellas así como la no autorización de muchos expedientes por parte de la Comisión creada en el INP, burlándose de esta forma de varios de los dolientes quienes al final no recibieron el pago porque un grupo de malos ciudadanos entre empleados del INP quienes se apropiaron de manera ilegal del dinero de las víctimas en confabulación con notarios públicos.

Las capturas fueron ejecutadas por equipos de apoyo estratégico, operaciones especiales y comunicaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y de la Policía Nacional, quienes continúan tras la pista de dos acusados más que están en calidad de prófugos de la justicia, imputados por los delitos de fraude, estafa, falsificación de documentos públicos y uso de documentos falsos.