San Pedro Sula, Cortés. – Agentes de tribunales del Ministerio Público (MP) asignados a la Fiscalía Regional del Norte, lograron importantes resoluciones en audiencias celebradas en los tribunales de justicia y ejecutaron diferentes diligencias con el propósito de defender y proteger los sagrados intereses de la sociedad.

Dentro de las resoluciones judiciales, se destaca la medida de prisión preventiva que la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez logró contra Miguel Ángel Alvarado, por suponerlo responsable del delito de otras agresiones sexuales calificadas.

Además, en audiencia de procedimiento abreviado fue condenado José Enrique Morales Pineda por el delito de maltrato familiar y se dictó un auto de formal procesamiento a Héctor Rodríguez, sospechoso del delito de homicidio imprudente en perjuicio de una niña de 4 años de edad, de igual forma; se desarrolló audiencia de prueba anticipada en la causa contra Arnold Adolfo Hernández Ramos por sospechas de otras agresiones sexuales calificadas agravadas.

La Unidad Contra la Trata de Personas, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas (UTESCTP), presentó ante el Juzgado de Letras de lo Penal en Puerto Cortés, requerimiento fiscal contra Jorge Emilio Rivera, Nilson Yobany Castro Bonilla y Omar Amílcar Medina por tráfico de personas; en ese sentido además se evacuó audiencia de declaración de imputado.

Mientras que, la Fiscalía Especial de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática (FEPROSI), con el acompañamiento de autoridades policiales ejecutaron un operativo y se procedió al decomiso de producto dental por infringir la marca.

La Fiscalía de Protección al Consumidor y Adulto Mayor, evacuó audiencia de declaración de imputado en la causa contra Osbin Axnel García y Arlene Darela García y se libró orden de captura contra José Fidel Matute, Carlos Alberto Ulloa, Marvin Enrique Castro y Alex Mauricio Bono, todos considerados sospechosos del delito de usurpación.

Además, personal de esta dependencia del Ministerio Público (MP) desarrolló una reunión de trabajo con personal de la Dirección de Protección al Consumidor, con el propósito de fortalecer y retroalimentar los procedimientos administrativos a las denuncias presentadas por los consumidores y sobre todo, la aplicación de lineamientos en caso de delitos de desobediencia y la forma de poder notificar las resoluciones.