San Pedro Sula, Cortés. Por la supuesta comisión de seis delitos se dictó auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva a 12 integrantes de maras y pandillas a quienes se les señala como supuestos responsables de haber dado muerte a un capitán y a un agente de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP).

A los acusados Elvin Nahún Paz Rápalo, Elvin Fernando Ruiz García, Anderson Yair Portillo Franco, Mauricio Antonio Toro Alfaro, Rafael Oswaldo Ulloa Martínez, Osmán Leonel Cáceres Cabrera, Brayan Ernesto Guzmán Alemán, Miguel Ángel Sandoval Alvarenga, Jonathan Aníbal Pérez Valle, Nolin Rootyeri Fernández Ayala, Moisés Yamani Muñoz Benegas y Jean Carlos Flores Bejarano se les dictó la medida de prisión preventiva por asociación para delinquir y tráfico ilícito de droga.

Según la resolución judicial en el caso contra Rafael Oswaldo Ulloa Martínez, Osmán Leonel Cáceres Cabrera, Brayan Ernesto Guzmán Alemán, Elvin Nahún Paz Rápalo, Miguel Ángel Sandoval Alvarenga y Jean Carlos Flores Bejarano se les agregó el delito de porte ilegal de arma de uso prohibido.

En el caso contra, Jonathan Aníbal Pérez Valle, Elvin Fernando Cruz García, Anderson Yair Portillo Franco, Mauricio Antonio Toro Alfaro, Nolin Rootyeri Fernández Ayala y Moisés Yamani Muñoz Benegas a ellos se les agrega el delito de porte ilegal de arma de fuego de uso comercial.

A Elvin Nahún Paz Rápalo se le añade los delitos de tenencia ilegal de municiones prohibido y depósito de artefacto explosivos todos fueron capturados durante un operativo en el sector de Puerto Cortés.

A los sospechosos aún se les sigue un proceso de investigación por el crimen contra el capitán de infantería José Gregorio Ventura Salmerón y los agentes Jary Fabián Hernández Hernández ambos pertenecientes a la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), en San Pedro Sula.

Los 12 procesados fueron remitidos de nuevo a la cárcel ubicada en Morocelí El paraíso, y las armas decomisadas a los acusados están siendo sometidas a una serie de análisis científicos para determinar si las mismas han sido utilizadas para cometer delitos contra la vida.