Por segunda vez, niegan medidas sustitutivas a comisionado general de policía procesado por lavado de activos

Tegucigalpa. Francisco Morazán. Con Prisión Preventiva continuará el comisionado general de la Policía Nacional, Leonel Luciano Sauceda Guifarro, así como su esposa, Patricia Sbeltlana Estrada Pacheco, luego que la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF – ADPOL) lograra de nuevo en audiencia de revisión de medidas que se declarara «Sin Lugar» una solicitud de excarcelación a su favor en el proceso que se les instruye por el delito de lavado de activos.

Inicialmente, en julio pasado, la defensa privada de Sauceda Guifarro y Estrada Pacheco invocaron las reformas al artículo 184 del Código Procesal Penal y el decreto transitorio PCM 36-2020 normativo de la pandemia del COVID-19, para solicitar la medidas sustirutivas, sin embargo, el Ministerio Público acreditó que aún se mantienen los presupuestos legitimadores por los cuales el 15 de febrero de 2020 el Juzgado con Jurisdicción Nacional dictó a los imputados la Prisión Preventiva, al igual que se conoció que no existen enfermedades bases de riesgo para la pareja.

Ahora, por segunda ocasión, dichos apoderados legales pidieron medidas sustitutivas para sus clientes y a cambio ofrecieron como fianza una garantía hipotecaria sobre un bien inmueble valorado en tres millones de lempiras propiedad de un familiar del comisionado general de policía, no obstante, esto también les fue rechazado.

Como se recordará, el 11 de febrero de 2020, después de un exhaustivo trabajo investigativo, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutó la captura de los ahora procesados, al igual que se les efectuaron 33 aseguramientos, en virtud que los éstos adquirieron, poseyeron, administraron y transfirieron bienes y dinero de los que no puede determirse su origen o procedencia lícita.

De acuerdo a la investigación de Agentes de la ATIC asignados a la UF – ADPOL, el comisionado general Sauceda Guifarro, en un periodo de 11 años (2006 – 2017) no ha podido justificar trece millones ochocientos un mil, ochocientos treinta y ocho lempiras con treinta y cinco centavos (Lps. 13, 801,838.35), lo que incluye movimientos en trece cuentas de bancos a su nombre.

En ese mismo orden, su pareja Estrada Pacheco, no justificó dos millones setecientos sesenta y cinco mil quinientos trece lempiras con treinta y seis centavos (Lps. 2,765,513.36), luego de movimientos financieros por más de siete millones de lempiras en 10 cuentas bancarias a su nombre, sin establecerse la fuente del dinero, ya que no tenía un empleo, negocio o prestamos que le generara algún tipo de ingresos.

Es así, que el Informe Financiero y Patrimonial elaborado por la Unidad de Análisis Financiero del MP, estableció que los productos financieros, bienes muebles e inmuebles obtenidos e inversiones realizadas, carecen de fundamento económico legal, pese a que el desglose salarial del acusado en la fase investigada, asciende a casi seis millones de lempiras, sin deducciones.

Además, se constató que algunos bienes adquiridos hasta por un millón quinientos mil lempiras (Lps. 1,500.00.00), no existía huella financiera, puesto que se pagaron en efectivo, sin poder determinarse la procedencia de los fondos.

Cabe señalar, que de los 33 aseguramientos de bienes de origen ilícito, ocho de ellos son inmuebles, dos son vehículos y 23 corresponden a productos financieros, propiedad de los imputados. De estos bienes, una es una residencia y un terreno localizados en Jardines de Toncontín de la capital y tres son terrenos ubicados en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro, con una extensión de 100 manzanas de tierra.