Tegucigalpa. Francisco Morazán. En el marco de la Operación Némesis IX, el Ministerio Público, a tráves de la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas (UTESCTP), dirige una serie de allanamientos simultáneos en la zona norte, centro y sur del país orientados a contrarrestar una estructura criminal transcontinental que produce y distribuye material de abuso sexual infantil por medio de la red social Viber.

Este caso se conoce como “Pretoria” ya que fue en esa ciudad sudafricana donde inicialmente se detectó el uso ilegal e indebido que miembros del crimen organziado le estaban dando a esta plataforma virtual, quienes luego extendieron sus operaciones ilícitas por varias naciones del mundo y Honduras no fue la excepción.

Es así que, las Fiscalías del Triángulo Norte de Centroamérica operativizan este jueves acciones combinadas, siendo la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) la que está bajo la coordinación técnica y jurídica de la Unidad Contra la Trata del MP en labores de recolección de evidencias y secuestro dispositivos digitales, con miras al procesamiento y capturas por el delito de elaboración y utilización de pornografía infantil agravado.

De su lado, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), en equipo con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), presentó dos requerimientos fiscales con solicitud de orden de captura por actos irregulares en el Registro Nacional de las Personas (RNP). Tambien, se investiga la supuesta comisión de los delitos de malversación por aplicación oficial diferente y violación a los deberes de los funcionarios, de los que la denunciada es Jessica María Abufele Luque, quien se desempeñó hasta marzo del presente año, como representante del Poder Ejecutivo en el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles e Inhumanos o Degradantes (MNP-CONAPREV).

De acuerdo al informe, la investigada solicitó a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) un apartamento en el edificio «Condominios Malibú» situado en la colonia San Ignacio de Tegucigalpa, bien inmueble incautado por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la ATIC en el marco de la Operación Apolo en 2018 y el mismo habría sido utilizado para beneficio personal por la exfuncionaria.

Otros casos por los que la FETCCOP y la ATIC desarrollan diligencias tienen que ver con supuestas ilicitudes en acuerdos de nombramiento y plazas en la Secretaría de Educación en la gestión saliente (2021) y la gestión entrante (2022), al igual que en la alcaldía de La Ceiba donde se investiga al exalcalde, Jerry Sabio, por presuntos delitos de violación a deberes de los funcionarios y fraude.

En tanto, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) y la ATIC continúan con diligencias y recolección de documentos en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) tendientes a determinar si se cometieron delitos de malversación de caudales públicos, fraude y violación de los deberes de los funcionarios, tal y como reza una denuncia en poder del Ministerio Público, en torno al uso de multimillonarios fideicomisos suscritos con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), la Secretaría de Seguridad, el Instituto de la Propiedad (IP), la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA) de la administración anterior.

Por otra parte, la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez (FEP-NIÑEZ) y agentes del grupo de los delitos en contra de la libertad sexual de la ATIC efectúan operativos en el rubro del transporte y puntos estrategicos de la capital, donde hasta ahora se han rescatado 10 menores de edad en vulneración de derechos, al tiempo que se reportan acusaciones y arrestos por delitos sexuales en perjuicio de niños, niñas y adolescentes.

Además, la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEPMUJER) interpuso ante los juzgados capitalinos 126 acusaciones por violencia de género y la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural (FEPETNIASPC) trabaja casos relacionados a daños al medio ambiente en la zona protegida garífuna de Cayos Cochinos y por explotaciones mineras en comunidades tolupanes de Yoro, así como realizará una jornada de recepción de denuncias en Puerto Lempira como garantía del acceso a la justicia del pueblo miskito.

Todas estos operativos y actividades de Némesis IX que se ejecutan en los 18 departamentos del país, tienen al frente en su coordinación a la Dirección General de Fiscalías, Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y a la ATIC, instancias que cuentan con el acompañamiento de la Policía Nacional Preventiva, DPI, Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), Policía Militar del Orden Público (PMOP), Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), Dirección de Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Tropa TIGRES y autoridades administrativas de diversas dependencias del Estado.