Tegucigalpa, Francisco Morazán. – Luego de tomar acertadas decisiones y empeño profesional, la Fiscalía Local de Talanga obtiene ocho sentencias condenatorias, así como 25 autos de formal procesamiento por hechos suscitados en las últimas semanas en barrios y colonias de la localidad.
En ese sentido, se reporta que por la comisión del delito de portación ilegal de arma de fuego comercial, se dictó sentencias condenatorias de hasta cuatro años, con la medida de no portar armas y localización permanente, a Erlan Alonzo Zelaya Mendoza, Dago Guerrero Miralda, Marco Tulio Cáceres y Carlos Aguilera Zúniga.
Mientras que, por el tráfico ilícito de drogas se impuso la sentencia condenatoria de tres años, con ochos meses a Claudio Navarro Arrazola y a Ginia Waleska Rosales; de igual forma, se condenó a 17 años, seis meses de reclusión a Joel Adalid Padilla Váldez y a Yunior Nuñez Castillo por cometer el delito de asesinato.
Así mismo, por suponerles la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas se procesó a Emilson Ronely Raudales, Alexis López Cubas, Franklin Arteaga Torres, Eduin Reyes Zerón, Wendy Xiomara Laínez, Walter Estrada Fonseca, Erickson Bilvanny Escoto, Vilma Consuelo Maradiaga, Deysi Aguirre Moreno, Antony López Silva, Marco Soto Banegas, Celvin Reyes Ramos, Olman Sevilla Mendoza y a Armando Ávila Cruz.
De igual forma, se dictó auto de formal procesamiento a Luis Alfredo Mesa, César Fletes Ramos, Jopshy Zuniga Valle, Menin Elvir Salgado, Ángel Girón Díaz y Esteban Gámez Rodas, por la portación ilegal de arma de fuego comercial por hechos acaecidos en varios puntos de la ciudad.
A Juan Carlos Torres se le procesó por creerle responsable de cometer el delito de maltrato familiar agravado; mientras que, por supuestamente cometer el delito de explotación a la mendicidad se dicto auto de formal procesamiento a Katya Castillo Gutiérrez, igual medida se le impuso a Dennis Coello Méndez por la supuesta comisión del delito de explotación ilegal de recursos naturales.
Finalmente, se procesó a Martin Rosales Flores por la supuesta comisión del delito de receptación.