Tegucigalpa. Francisco Morazán. La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) evacuará esta mañana la audiencia de declaración de imputado en la causa que se sigue a la exministra de Salud, Edna Yolany Batres Cruz, contra quien pedirá la medida cautelar de detención judicial por suponerla responsable de nueve delitos de fraude y nueve delitos de violación de los deberes de los funcionarios.

A la exfuncionaria, desde mediados de septiembre, se le emitió orden de captura con alerta roja internacional, la que extrañamente le fue revocada por un juez que turnó durante la Semana Morazanica.

Es así que se produjo la presentación voluntaria de la encausada, quien está acusada en el presente caso junto la exdirectora del Marco Normativo de Regulación Sanitaria, Gladys Hermelinda Paz Díaz, el exadministrador de la Dirección del Marco Normativo de Regulación Sanitaria, Benelio Alvarado Membreño, la excoordinadora de la Unidad de Información, Lolita Vanessa Cordero y los empresarios Héctor Rolando Figueroa Fúnez, Luis Gerardo Zelaya y Cristian Adolfo Sánchez.

De ellos, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) dio captura a Gladys Paz, Lolita Cordero, Luis Zelaya y Cristian Sánchez; posteriormente se entregó a la justicia Benelio Alvarado, todos con auto de formal procesamiento.

Los siete investigados serían parte de una red de corrupción, que entre marzo y septiembre de 2014, defraudó al Estado por más de 7.8 millones de lempiras (L.7,885,450.00), mediante la adjudicación irregular y fraudulenta de nueve contratos de consultorías y diseños de software orientados a la automatización de procesos para la vigilancia, fiscalización y control del Marco Normativo en Salud.

Conforme a las investigaciones, se comprobó que estas contrataciones se dieron en total violación a la ley y a las disposiciones generales de presupuesto, con procesos directos que buscaron favorecer a personas naturales y empresas de maletín y en los que se incorporó información falsa en torno a empresas que nunca participaron como oferentes, tratando de dar una apariencia que habían cotizado varias empresas a fin de obtener la oferta más favorable a la administración pública, simulación que fue descubierta por el Ministerio Público.

Al final, tras la colusión y contubernio entre los exfuncionarios de la Secretaría de Salud y los tres empresarios acusados, las empresas que resultaron beneficiadas fueron: ORBIT Tecnology, Tecnología e Informática, Sat Media y Telesat, así como una persona natural, determinándose además que el software nunca fue entregado y la sobrevaloración del mismo es de un 90 por ciento aproximadamente.

El Ministerio Público, a través de la UNAF, en la referida causa, interpuso en recurso de apelación en contra de las medidas sustitutivas otorgadas a favor de los primeros procesados, quienes ofrecieron una caución a cambio de su excarcelación, a lo que el ente fiscal se opone, dada a la gravedad de las imputaciones y a una posible obstrucción a la justicia.