Tegucigalpa, Francisco Morazán. El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH), presenta requerimiento fiscal contra los señores Romeo Orlando Vásquez Velásquez, exjefe del Estado Mayor Conjunto; el exsubjefe, Venancio Cervantes Suazo; y Carlos Roberto Puerto Fúnez, excomandante del Comando de Operaciones Especiales, por suponerlos responsables de los delitos de homicidio en perjuicio de Isy Obed Murillo Mencías y lesiones graves contra Alex Roberto Zavala Licona.

El joven Isis Obed Murillo Mencías perdió la vida tras recibir un proyectil de arma de fuego en la cabeza, mientras que el ciudadano Alex Roberto Zavala Licona sufrió graves lesiones a consecuencia de los disparos realizados por elementos de las Fuerzas Armadas. Ambas ciudadanos permanecían en los alrededores del Aeropuerto Internacional Toncontín a la espera del retorno al país del entonces presidente constitucional, José Manuel Zelaya Rosales.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, las actuaciones de los militares fueron brutalmente desproporcionadas, ya que dispararon de manera indiscriminada con fusiles de alto poder y grueso calibre (M16) contra ciudadanos que ejercían su derecho a manifestarse pacificamente. Dichas acciones, que resultaron en muertes y graves lesiones, no fueron actos aislados, sino crímenes ejecutados por elementos de las Fuerzas Armadas bajo órdenes directas del jefe del Estado Mayor Conjunto, el subjefe y el director de Operaciones Especiales.

Según el requerimiento fiscal, los altos mandos del Estado Mayor Conjunto, responsables directos de comandar y planificar el operativo, no solo incumplieron su deber de supervisar y controlar a sus subordinados, sino que, con pleno conocimiento de los hechos, permitieron y facilitaron estas atrocidades. Su negligencia e inacción configuraron graves violaciones a los derechos humanos, dejando a los manifestantes a merced de una fuerza militar que actuó con una violencia inhumana y desmedida.

El MP reafirma su compromiso de luchar contra la impunidad y fortalecer el Estado de Derecho en Honduras. La institución reitera que ninguna acción que viole los derechos humanos debe
quedar sin castigo.