Tegucigalpa. Francisco Morazán. El Ministerio Público, por medio de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), interpuso en las últimas horas requerimiento fiscal en contra de siete involucrados en un nuevo acto de corrupción a lo interno de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) por la millonaria compra irregular de 474 mil mascarillas durante la pandemia por COVID-19.

Los exfuncionarios imputados son Marco Antonio Bográn Corrales (director), Alex Alberto Moraes Girón (administrador de patrimonio vial), Carlos Luis Guevara Mondragón (contador general), Bessy Roxana Rodríguez Mendoza (especialista administrativo y financiero) por suponerlos responsables de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios, así como los empresarios Juan José Lagos Romero (propietario del grupo G y T S.A. de C.V y esposo de la exdiputada Waleska Zelaya), Elena María Hernández González (representante legal de Germar Ferretería) y María Elena Palacios Hernández (de Germar Ferretería) por suponerlos responsables del delito de fraude.

De acuerdo a la relación de hechos, a raíz de la crisis por el coronavirus, entre los meses de abril y mayo de 2020, el Estado se vio en la obligación de comprar material de bioseguridad, entre ellos mascarillas, con el objetivo de cubrir las necesidades del personal médico y del sector salud a nivel nacional.

Aprovechándose de ello, los cuatro exfuncionarios de INVEST-H se habrían confabulado con las empresas grupo G y T S.A. de C.V y Germar Ferretería, para venderle al Estado mascarillas de uso no médico para el personal sanitario, violentando los procedimientos legales y administrativos correspondientes.

Además, la UNAF y la ATIC descubrieron que los encausados Marco Antonio Bográn Corrales, Juan José Lagos Romero, Elena María Hernández González y María Elena Palacios Hernández, mediante un concierto previo, simularon que la venta la estaba realizando Germar Ferretería, sin embargo, de las investigaciones se determinó que los funcionarios buscaron beneficiar siempre y en todo momento al grupo G y T S.A. de C.V. de Lagos Romero, en razón que una vez que INVEST-H hizo efectivo el pago a Germar Ferretería, de esta empresa se emitió un cheque de más del 95% del valor pactado a favor del esposo de la entonces congresista Zelaya.

Dichas órdenes de compra primero figuraron por un monto arriba de los 50 millones de lempiras (L.50,836,500.00) y luego por un valor superior a las 39 millones de lempiras (L. 39,396,000.00), siendo esta última cifra la que se canceló a Germar Ferretería, pero esta le devolvió a G y T S.A. de C.V. más de 37 millones de lempiras (L. 37,989,000.00).

En base a estos hechos, el Ministerio Público presentó la causa ante el Circuito de los Juzgados Anticorrupción, logrando, hasta el momento, la ATIC dar captura a Moraes Girón en la colonia Tiloarque, a Rodríguez Mendoza a inmediaciones del Centro Cívico Gubernamental y a Guevara Mondragón en el kilómetro 9 carretera a Santa Lucía.