Tegucigalpa, Francisco Morazán. El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) en audiencia de procedimiento abreviado, obtuvo sentencia condenatoria contra la exintegrante de la comisión interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Karla Patricia Pavón Bustillo, por corrupción en el manejo de fondos destinados a familiares de privados libertad que perdieron la vida en un incendio del Centro Penal de San Pedro Sula en el año 2004.

Pavón Bustillo fue condenada a 10 años de prisión, es decir 6 años de prisión, 375 días de multa y 9 años de inhabilitación especial por 33 delitos de falsificación de documentos públicos y 4 años de prisión más inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena por 33 delitos de estafa agravada y uso de documentos falsos en concurso ideal en perjuicio de la administración y la fe pública.

Como se recordará, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación al caso “Pacheco Teruel y Otros” condenó al Estado por el siniestro ocurrido el 17 de mayo de 2004 en el que murieron 107 privados de libertad y por lo cual se obligó a Honduras a pagar más de trescientos mil lempiras (L. 317,000.00) a cada familiar.

Las investigaciones determinan que la exinterventora falsificó las firmas y huellas de los beneficiarios para otorgarse una carta poder y posteriormente realizar el cobro de más de siete millones de lempiras (L. 7,140,529.62) a través de 49 cheques emitidos por el Banco Central de Honduras (BCH).

Según la sentencia de la CIDH, los familiares de los privados de libertad fallecidos en esa catástrofe carcelaria debían recibir la indemnización por concepto de reparación de daños, sin embargo, esta mala ciudadana se burló de los dolientes al apropiarse de manera ilegal del dinero de las víctimas.

Por este caso también fueron requeridos por el Ministerio Público los notarios Laureano Carbajal Rivas, Pedro Armando Santos Martínez y Farid Sanabria Polanco, además de los exempleados del INP, Silvio Javier Morales Rodríguez, Carlos René Aguilar Sevilla, Albertina Eduviges Gómez Canales.

El Ministerio Público reitera su compromiso con el pueblo hondureño de perseguir y sancionar a quienes hayan cometido delitos en la administración pública. Este compromiso se enmarca dentro de las acciones continuas para combatir la corrupción y la impunidad en el país.