Tegucigalpa, Francisco Morazán. La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) han llegado al Instituto Nacional Penitenciario (INP), donde investigan un supuesto desvío de más de siete millones de lempiras que servirían como indemnización para familiares de privados libertad que perdieron la vida en un incendio del Centro Penal de San Pedro Sula en el año 2004.

Fiscales y agentes del Departamento de Investigación de los Delitos en Contra de Administración Pública y Patrimonial de la ATIC, investigan a la interventora de ese momento Karla Patricia Pavón Bustillo, quien se presume cobró 49 cheques por un monto de siete millones ciento cuarenta mil quinientos veinte y nueve con sesenta y dos centavos (Lps. 7,140,529.62).

Como se recordará, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado de Honduras por el incendio del penal sampedrano ocurrido el 17 de mayo de 2004 donde perdieron la vida 107 privados de libertad y por lo cual se obligó al Estado a pagar trescientos diecisiete mil lempiras a cada familiar.

Sin embargo, la interventora investigada mediante una carta poder cobró esos 49 cheques ante el Banco Central de Honduras (BCH) por ese millonario monto.

Vale destacar que en otras ocasiones se había negado el ingreso a las instalaciones del INP al personal fiscal e investigativo.