Tegucigalpa. Francisco Morazán. La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ) interpuso en las últimas horas un recurso de apelación luego de la resolución judicial dictada el pasado 1 de noviembre y que favorece al pleno del extinto Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial, entre ellos su presidente Jorge Rivera Avilés, con un sobreseimiento definitivo por varios delitos.

La decisión de otorgar el sobreseimiento definitivo fue del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, que tomó como base un informe de auditoría elaborado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), donde exonera de responsabilidad administrativa, civil y penal a Jorge Alberto Rivera Avilés, Teodoro Bonilla Euceda, Julio César Barahona Henríquez, José Francisco Quiroz Mejía, Liliam Emelina Maldonado Sierra y Celino Arístides Aguilera.

Ante esta situación, el Ministerio Público una vez analizada tal resolución, considera que se ha causado un agravio a la sociedad, tomando en cuenta el análisis de la Sala de lo Constitucional del 5 de noviembre de 2019, donde se aprecia que el sentido estricto no es de acreditar la responsabilidad penal de los exconcejales, sino más bien como la misma lo indica encontrar indicios de responsabilidad.

Por lo tanto, la Fiscalía para el Enjuiciamiento pide revocar el sobreseimiento definitivo por considerar que la misma no se encuentra dictada conforme a derecho.

Este caso se trabajó con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y se trata de una acusación criminal incoada ante el Juzgado con Competencia Nacional en Materia de Corrupción por más de 600 delitos de corrupción relacionados al manejo irregular de fondos públicos, específicamente en lo que corresponde a la solicitud, tramitación y asignación de viáticos, a través de lo cual se habrían desviado alrededor 13.5 millones de lempiras, por concepto de giras nacionales y al extranjero.

En tal sentido, al expresidente del Consejo de la Judicatura y Carrera y a la vez expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, se le acusó por 131 delitos de abuso de autoridad y 60 de malversación de caudales públicos, mientras que al expresidente del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial, Teodoro Bonilla Euceda, se le acusó de 88 delitos de malversación de caudales públicos y 14 de abuso de autoridad.

En el caso de Julio César Barahona Henríquez se le presume responsable de 67 delitos de malversación de caudales públicos, en tanto que a José Francisco Quiroz Mejía se le imputan 93 delitos de malversación de caudales públicos.

Asimismo, a Liliam Emelina Maldonado Sierra se le considera responsable de la comisión de 67 delitos de malversación de caudales públicos y finalmente a Celino Arístides Aguilera se le acusó de 78 delitos de malversación de caudales públicos y tres delitos de uso de documentos privados falsos.