Tegucigalpa. Francisco Morazán. La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) conoció el fallo dictado por el Tribunal de Sentencia del Circuito Anticorrupción del caso “Licitación Fraudulenta DIMESA-Seguro Social”, mismo contra el que se presentará un recurso de casación, puesto que solo condena a los dos exdirectivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por violación de los deberes de los funcionarios pero a uno lo absuelve de fraude.

El ex viceministro de Trabajo y Seguridad Social, Carlos Montes Rodríguez fue llevado a juicio por abuso de autoridad y fraude y el representante propietario de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), Armando Villatoro, por abuso de autoridad.

El presente caso es de especial relevancia, por ser el IHSS una de las instituciones más golpeadas por actos de corrupción y por tratarse esta línea de investigación de una de erogaciones financieras más grandes realizadas por ese centro asistencial y que han sido señaladas como injustificadas y fraudulentas.

En la investigación practicada por el equipo integrado de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), ahora UFERCO), se advirtió que existen los elementos suficientes para evidenciar que miembros de la junta directiva del IHSS, en el año 2010, conociendo la precaria y deficitaria situación financiera del Instituto, iniciaron el planteamiento de una supuesta necesidad de modernizar el equipo biomédico de los hospitales de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

La discusión de esta modernización se llevó a cabo sin tomar en cuenta las reales necesidades biomédicas, capacidad de infraestructura y de personal de la institución, y se concretó planteando una modernización con un costo aproximado de 50 millones de dólares. En ese contexto, se inició el proceso licitatorio de carácter internacional para la adquisición y mantenimiento de los equipos biomédicos. A pesar que por la deficitaria situación financiera, el mismo IHSS emitió una declaratoria de emergencia por medio del cual suspendió todos los procesos de compra, este siguió en desarrollo.

La licitación, luego de la investigación, se determinó que fue diseñada para evitar la participación de empresas internacionales, al establecer requisitos que solo las nacionales podrían cumplir y que, aún para ellas, eran excesivos. Bajo esas condiciones en el proceso licitatorio solo participó una empresa, la que es de destacar que no cumplió con todos los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, con lo cual el proceso debió declararse desierto y realizarse uno nuevo. No obstante, no fue así y la empresa fue calificada, aceptada su oferta y en abril de 2011 adjudicado el contrato por 95 millones 244 mil 166 dólares con 54/100, cantidad que representaba casi el doble del estimado inicial para este proceso (50 millones de dólares).

A ello se suma el hecho que en junio 2012, la junta directiva del IHSS aprobó la modificación y ampliación del contrato por un monto de 23 millones 668 mil 761 dólares con 80/100 para hacer un monto final del contrato por 118 millones 912 mil 928 de dólares con 34/100, cuando lo que correspondía era realizar un nuevo proceso de licitación.

Otro de los hallazgos más destacables es que el equipo biomédico ofertado y suministrado por la empresa tiene una sobrevaloración de 114% de los costos de mercado, aunado a que la entrega de este equipo se realizó fuera de los plazos contractuales y en consecuencia el mantenimiento también se vio afectado. No obstante, los pagos mensuales por parte del IHSS a la empresa no sufrieron retraso.

Un elemento que evidencia la no justificación del contrato es que después de más de siete años de adjudicado el contrato, existe aún equipo biomédico que no ha sido utilizado y que se encuentra en bodegas y por el cual se pagó mantenimiento.

Vale mencionar que, la acusación que interpuso el MP fue contra 12 personas que fungieron como miembros de la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social en el período 2010-2012, por los delitos de fraude, violación a los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad, no obstante, 10 de ellos fueron sobreseídos en razón de un recurso de amparo resuelto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), siendo éstos: Samuel Bográn, Óscar Manuel Galeano, José Hilario Espinoza, Javier Pastor, Leonardo Villeda Bermúdez (fallecido), Fabricio Valentín Vásquez, Óscar Arnaldo Carranza, Luis Alonso Mayorga, José Humberto Lara y José Manuel Espinal.