Tegucigalpa. Francisco Morazán. Luego que la Corte de Apelaciones del Circuito Anticorrupción le diera la razón a la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) en el sentido de revocar las medidas sustitutivas a cinco involucrados en la millonaria compra irregular de 474 mil mascarillas durante la pandemia por COVID-19 a lo interno de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), se está a la espera que a la brevedad se cumpla con la imposición de la prisión preventiva.

Para ello, el Ministerio Público espera que en las próximas horas se lleve a cabo la audiencia de notificación y de cambio de medidas respectiva.

El planteamiento de la UNAF en el recurso de apelación, que ayer fue declarado “Con Lugar”, radica en el hecho que Alex Alberto Moraes Girón (administrador de patrimonio vial), Carlos Luis Guevara Mondragón (contador general), Bessy Roxana Rodríguez Mendoza (especialista administrativo y financiero), Elena María Hernández González (representante legal de Germar Ferretería) y María Elena Palacios Hernández (de Germar Ferretería) no debían defenderse en libertad en razón de la gravedad de los actos cometidos y por considerar que desde afuera éstos podrían incidir en el curso del presente proceso, así como en otras causas judicializadas o en más líneas de investigación que se les siguen.

Los demás encausados en este expediente son el exdirector de INVEST-H, Marco Antonio Bográn Corrales (con prisión preventiva y a quien también se le confirmó el auto de formal procesamiento) y el propietario del grupo G y T S.A. de C.V y esposo de la exdiputada Waleska Zelaya, Juan José Lagos Romero (prófugo de la justicia).

De acuerdo a lo que establece el requerimiento fiscal, a raíz de la crisis por el coronavirus, entre los meses de abril y mayo de 2020, el Estado se vio en la obligación de comprar material de bioseguridad, entre ellos mascarillas, con el objetivo de cubrir las necesidades del personal médico y del sector salud a nivel nacional.

Aprovechándose de ello, los cuatro exfuncionarios de INVEST-H se habrían confabulado con las empresas grupo G y T S.A. de C.V y Germar Ferretería, para venderle al Estado mascarillas de uso no médico para el personal sanitario, violentando los procedimientos legales y administrativos correspondientes.

Además, la UNAF y la ATIC descubrieron que los encausados Marco Antonio Bográn Corrales, Juan José Lagos Romero, Elena María Hernández González y María Elena Palacios Hernández, mediante un concierto previo, simularon que la venta la estaba realizando Germar Ferretería, sin embargo, de las investigaciones se determinó que los funcionarios buscaron beneficiar siempre y en todo momento al grupo G y T S.A. de C.V. de Lagos Romero, en razón que una vez que INVEST-H hizo efectivo el pago a Germar Ferretería, de esta empresa se emitió un cheque de más del 95% del valor pactado a favor del esposo de la entonces congresista Zelaya.

Dichas órdenes de compra primero figuraron por un monto arriba de los 50 millones de lempiras (L.50,836,500.00) y luego por un valor superior a las 39 millones de lempiras (L. 39,396,000.00), siendo esta última cifra la que se canceló a Germar Ferretería, pero esta le devolvió a G y T S.A. de C.V. más de 37 millones de lempiras (L. 37,989,000.00).

Los delitos imputados, en virtud de lo investigado, son: violación de los deberes de los funcionarios y fraude.