Tegucigalpa, Francisco Morazán. La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), presentó un nuevo requerimiento fiscal por los delitos de violación a los deberes de los funcionarios, fraude y lavado de activos, acción penal que se produce tras la investigación de irregularidades en el proceso de ejecución del proyecto denominado “Mercado El Ceibón” en Choloma, Cortés, la cual concluye que contrario a beneficiar a un poco más de 270 pequeños empresarios, se les perjudicó con un proyecto a medias y con  sus nombres en la Central de Riesgos.

Los imputados son: Leopoldo Crivelli Durant, exalcalde de Choloma (2014-2018), por los delitos de violación a los deberes de los funcionarios y fraude; Carlos Noé Ramírez Araque en su condición de expresidente ejecutivo de BANADESA, por los delitos de violación a los deberes de los funcionarios y fraude; Julio César Maldonado Hernández, representante de la empresa Grupo SURCO (constructora del mercado municipal), por los delitos de fraude y lavado de activos; José Rubén Álvarez como presidente de la junta directiva de la Cooperativa Mixta ANAVIHL, por los delitos de cooperador necesario y fraude, y Raúl Antonio Herrera Rodríguez, exgerente de fideicomisos de BANADESA, por suponerlo responsable a título de autor del delito de violación a los deberes de los funcionarios y fraude.

Según la investigación, todo inició en el año 2015 cuando a un grupo de vendedores ambulantes de Choloma necesitados de un espacio de trabajo digno, se les aprobó en sesión de corporación municipal la construcción de un mercado, que se conocería como “El Ceibón”, fue así que se procedió con éste proyecto anhelado por los locatarios, sin embargo, todo fue un fraude luego que el alcalde Crivelli junto al empresario Maldonado Hernández de la empresa SURCO gestionaran un préstamo ante BANADESA por 35 millones 600 mil lempiras (en donde hubo confabulación de sus autoridades al no seguir los procedimientos establecidos), recurso que fue  administrado por la empresa SURCO sin ningún tipo de controles, misma que los utilizó entre otras cosas para gastos personales, pago de apartamento, transferencias particulares, pagos a tarjetas de crédito. Al final se intentó justificar la obra con un edificio a medio construir, totalmente inhumano, sin condiciones dignas, de madera y muy precario, truncando así el sueño anhelado por los pequeños empresarios.

Según el requerimiento fiscal presentado, fue tanto el descaro que se obtuvo otro financiamiento en la empresa COFISA y el monto del préstamo llegó a los cincuenta y cinco millones, cuatrocientos veinte seis mil doscientos setenta y cinco lempiras (L 55,426,275.37), valor que ahora lo deben los vendedores sin ni siquiera tener la opción de poder tener su negocio en un lugar adecuado, pero con la indignación y la impotencia de estar en la central de riesgos y sin poder acceder a créditos de ningún tipo.

El Ministerio Público responde con acciones concretas dando golpes certeros al flagelo de la corrupción que tanto mal hace al hondureño, sobre todo a los más desposeídos y marginados.