Marco Bográn rinde declaración ante fiscales y agentes de la ATIC en atención a proceso de investigación en su contra en caso “Hospitales Móviles”

Tegucigalpa, Francisco Morazán. En atención a la citación efectuada por los fiscales adscritos a la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), Marco Antonio Bográn Corrales ex director de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) compareció hoy en compañía de sus apoderados legales ante las autoridades fiscales y agentes del Departamento de Investigación de los Delitos en Contra de la Administración Pública de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

El Ministerio Público (MP) de oficio investiga a Marco Antonio Bográn por la supuesta comisión de los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, en ese sentido, a las diligencias ya realizadas hoy se suman inspecciones en los lugares donde se contempla la instalación de los hospitales móviles, tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa sitios donde harán acto de presencia los equipos de la FETCCOP y la ATIC.

Asimismo, se realiza una inspección y posible extracción de documentos en la Agencia Europea S.A. en San Pedro Sula, empresa naviera donde desembarcará el buque que trae los hospitales móviles.

Los fiscales anticorrupción seguirán el curso de las investigaciones de manera objetiva y apegados al debido proceso, procurando en todo momento encontrar la verdad de los hechos y dar una respuesta clara a la ciudadanía que demanda acciones precisas para desvirtuar o no la supuesta corrupción en el manejo de fondos durante la crisis por la covid19.

Actualmente, la FETCCOP y la ATIC trabajan tres líneas de investigación en torno a la compra de siete hospitales móviles en Turquía, la adquisición de equipo de protección personal y ventiladores mecánicos para pacientes con coronavirus y la contratación de consultorías y otros servicios, por lo que, entre otras acciones se han efectuado secuestros de documentos en INVEST-H, Secretaría de Finanzas y Secretaría de Salud.

De igual forma, la FETCCOP y la ATIC desde el pasado 4 de abril mantienen activas tres líneas de investigación en las oficinas en Tegucigalpa de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), ante denuncia pública de supuestas irregularidades en las compras hechas por la crisis sanitaria del COVID-19, también, en la Secretaría de Salud Pública se indaga sobre una compra de material y equipo de bioseguridad.

A esto se le suman, tres líneas de investigación que desde el pasado 1 de mayo ocupan la atención de la FETCCOP y la ATIC de la Regional de San Pedro Sula, en relación a la instalación y abandono de un hospital móvil en Villanueva, las donaciones del programa Honduras Solidaria a la Alcaldía de El Progreso y la compra de pruebas rápidas por parte de INVEST-H en la zona norte del país.

Asimismo, en La Ceiba, Fiscales Anticorrupción investigan desde el pasado 22 de mayo otro caso que se abrió de oficio por el supuesto mal uso de una donación de Corea de un lote de ventiladores mecánicos para pacientes con COVID-19 en el Hospital General Atlántida.

Se reitera que aún y cuando existe una Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos de octubre de 2019 (Decreto legislativo No. 116-2019), en donde se establece que antes de una investigación debe existir un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), el Ministerio Público consideró oportuno adelantar el proceso investigativo, quedando a la espera que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva un recurso de inconstitucionalidad que desde octubre del 2019 se presentó por parte de la Fiscalía para la Defensa de la Constitución en contra de la polémica Ley, para declararla inconstitucional, por considerar, entre otros aspectos, que violenta preceptos constitucionales al exceder su alcance y temporalidad a la validez del decreto que la contiene, además de remplazar la facultad que tiene el Poder Judicial de juzgar y le otorga esta facultad al TSC, frenando de esta manera atribuciones investigativas y avances en la lucha contra la corrupción.