Imponen pena concreta en contra de la exdirectora del extinto CEFAS

22 de marzo de 2021

Tegucigalpa, Francisco Morazán. La Fiscalía Especial de Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) fue notificada de la pena concreta interpuesta en contra de la exdirectora del extinto Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS), Rosa Helena Cáceres Pérez, culpable por el delito de abuso de autoridad.

De acuerdo a la investigación de Agentes del Departamento de los Delitos en Contra de la Administración Pública de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), los hechos por los cuales se condenó a la exfuncionaria, ocurrieron en junio de 2013, cuando la privada de libertad de origen nicaragüense, Madison Indira Chang Castillo, fue sometida a vejámenes por disposiciones de la ahora sentenciada, al enviarla a celdas que no contaban con las condiciones básicas.

La privada de libertad permaneció por tiempos indeterminados en esos cuartos, en condiciones de encierro, sin ningún servicio básico, incluso se vio obligada a realizar sus necesidades fisiológicas en una lata, inclusive fue mantenida aproximadamente durante 15 días con grilletes en pies y manos.

La afectada denunció lo ocurrido ante un Juez de Ejecución, que realizó una audiencia dónde resolvió que cesarán las condiciones en que permanecía la denunciante, resolución que hizo caso omiso la directora del CEFAS, Rosa Helena Cáceres.

Por esos malos tratos se interpuso un recurso de Habeas Corpus, donde la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) falló declarando «Con Lugar» dicho recurso, por considerar que efectivamente hubo violaciones a derechos fundamentales.

Tras el juicio, al momento de la sentencia hubo un voto disidente por parte de un miembro del Tribunal por considerar que también se le debió condenar a la encausada por el delito de vejámenes, tal como la había planteado el Ministerio Público en el Requerimiento Fiscal, por lo que se presentará el correspondiente Recurso de Casación.

Mientras tanto, por el delito de abuso de autoridad el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa impuso una pena de tres años de reclusión.