Comayagua, Comayagua. El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) Regional Comayagua, compareció en audiencia de declaración de imputado contra seis de los ocho miembros de la Corporación Municipal de Masaguara, Intibucá (periodo 2014-2018), acusados del presunto delito de violación a los deberes de los funcionarios. Entre los imputados se encuentra el actual alcalde, José Oduber Ruiz Girón, señalados de supuestamente haber haber aprobado, al margen de la ley, la explotación de material selecto en una propiedad privada del sector Zarateca.

El requerimiento fiscal fue presentado por el MP luego de que la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción admitiera y resolviera el antejuicio, dando paso al proceso penal para deducir responsabilidades. En esta instancia, se solicitó la imposición de medidas cautelares para los seis imputados que se presentaron a la audiencia.

Según el expediente del caso, en junio de 2016, el entonces alcalde de Masaguara, Manuel Amaya Montoya (actual regidor), quien no compareció a la audiencia, autorizó a una empresa para explotar un supuesto banco de material selecto en un predio situado en la calle hacia la comunidad de Guatateca, sin los permisos ni los lineamientos requeridos por el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN).

Un caso adicional ocurrió el 16 de enero de 2017, cuando la Corporación Municipal de Masaguara (2014-2018), compuesta por el alcalde Amaya Montoya y los regidores José Oduber Ruiz Girón (actual alcalde), José Luis Figueroa Montoya, Santos Cabrera, Eugenia Amparo Martínez, Paola Janeth Posadas Suazo, Israel Montoya Rodríguez y Emin Navid Rodríguez Martínez, aprobó en sesión ordinaria dejar el predio en Zarateca como balastrera municipal, una vez más obviando los procedimientos establecidos por INHGEOMIN.

Con base en estos hechos, el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción impuso medidas cautelares contra los imputados, tales como la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente mientras el proceso continúa. La audiencia inicial ha sido programada para el 22 de octubre, donde la FETCCOP solicitará el auto de formal procesamiento.