San Pedro Sula, Cortés. Fiscales de la Fiscalía Especial de Protección de Etnias y Patrimonio Cultural dirigieron y orientaron un conversatorio en el cual participaron agentes de tribunales de la oficina regional del norte del Ministerio Público (MP) teniendo como tema principal la socialización del contenido del documento denominado “Protocolo de actuación del fiscal para los pueblos indígenas y afro hondureños”.

El Protocolo dado a conocer permite estandarizar el abordaje de manera adecuada de las denuncias que se conocen en el MP, cuando se cometen violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y afro descendientes y además cuando alguno de sus miembros es considerado sujetos activo en los hechos considerados delitos, es decir se les señala o imputa algún delito penal.

La charla fue dirigida por la fiscal Jefa de la Fiscalía Especial de Protección de Etnias y Patrimonio Cultural, abogada Jany del Cid Ramírez, quien de forma amplia y basada en conocimiento y experiencia se dirigió a los presentes asegurando entre otros aspectos que, el derecho reconoce a los pueblos indígenas y afro descendientes la protección de sus costumbres y tradiciones, sus instituciones y derechos consuetudinario, modos de uso de la tierra, formas de organización social y su identidad social y cultural; también incluye el derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales, lo cual implica el derecho a mantener , proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literatura.

El principal objetivo era enfocarse en el contenido del “Protocolo de actuación fiscal en materia de pueblos indígenas y afro descendientes”, es decir establecer pautas homogéneas para la investigación y procesamiento de las denuncias relacionadas a la violación de los derechos de los pueblos originarios.

También, para fortalecer la acción de los agentes de tribunales y del equipo auxiliar en la protección de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y afro hondureños, en el marco del mandato legal y constitucional del Ministerio Público.