Tegucigalpa, Francisco Morazán. La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios de Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) en audiencia de procedimiento abreviado obtuvo sentencia condenatoria en contra del exdetective de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), Félix Emmanuel Alvarado Ocampo.
El exdetective de la DLCN es procesado por los delitos de concusión y revelación de secretos en perjuicio de la administración pública; el juez competente determinó que la resolución de se notificara por secretaría en virtud que actualmente los despachos judiciales están saturados de audiencias.
El arresto del exfuncionario se hizo efectivo el miércoles 10 de abril del presente año, asimismo se practicó un allanamiento de domicilio en busca de indicios en relación a la investigación que se le sigue a Alvarado Ocampo, en una acción conjunta entre la DLCN, FEES-SJ y la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO).
De acuerdo a la investigación, el exdetective asignado a la Sección Antidrogas en Tegucigalpa, aprovechando su condición se prestó para facilitar o revelar información sobre investigaciones, padrones, órdenes de captura, entre otros, a cambio de dinero, en expedientes de casos sensibles que involucra a estructuras del crimen organizado.
Este proceso penal se realiza en el marco de la depuración de servidores públicos que impulsan las máximas autoridades del Ministerio Público en su lucha frontal contra la corrupción institucional y de cualquier índole y reitera que no permitirá que su personal en cualquiera de las dependencias en las que se desempeñe realice acciones delictivas, en tal sentido, se trabaja de forma responsable y contundente contra el delito sea quien sea que lo cometa y con ello garantizar la no impunidad.
Al pueblo hondureño se le exhorta a denunciar hechos irregulares constitutivos de delito de funcionarios del Ministerio Público o de otras instituciones para actuar sin dilaciones y cumplir con los preceptos de la ley interna, de trabajar en la representación, defensa y protección de los intereses generales de la sociedad.