San Pedro Sula, Cortés. Con una jornada de socialización en  la aldea “San Isidro” en Santa Cruz de Yojoa y en la colonia “Pineda” en San Manuel, Cortés, dirigida por un equipo de agentes de tribunales del Ministerio Público del Módulo de Atención Integral Especializado (MAIE), la Fiscalía Especial de la Mujer de la Niñez y el Módulo de Recepción de Denuncia (MRD), se continúa en la zona norte del país con la operación Omega VIII.

La actividad sirvió para socializar con la población las funciones del MAIE, a favor de los sectores más vulnerables y sobre todo la importancia de la cultura de la denuncia y del qué hacer de la Fiscalía Especial de la Mujer, de la Niñez, del MRD y cómo poder identificar posibles delitos de abuso sexual y violencia doméstica. Se logró capacitar a cincuenta personas.

Siempre en el marco de la operación “OMEGA VIII”, el MAIE con la colaboración de la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID) impartió una charla al personal médico de los diferentes centros de salud de San Pedro Sula, sobre cómo poder colaborar en la temática de la violación doméstica y abuso sexual.

La Fiscalía Especial de la Niñez, informó además de la inspección realizada al Centro Pedagógico “El Carmen” para conocer la situación jurídica de los 35 menores infractores.

El Módulo de Archivos, Evidencias y Documentos Histórico (MAEDH), como labor social donó material por carecer de utilidad procesal al hogar “Emanuel” en San Pedro Sula.

La Unidad contra la Trata, Explotación Sexual, Comercial y Tráfico de Personas (UTESCTP), presentó acusación en contra de José Luis Cáceres Luna por sospechas de tráfico de personas, mientras que la Fiscalía Especial Contra Delitos Tributarios presentó acusación contra Wendy Otilia Munguía Banegas por el delito de violación a los deberes de los funcionarios.

La Fiscalía Especial de Protección al Medio Ambiente (FEMA) ejecutó inspección en la zona de reserva de “El Merendón” para verificar denuncia sobre explotación de recursos naturales las que se efectuaron con personal de Unidad del Ambiente, Dirección Policial de Investigación (DPI) y el Instituto de Conservación Forestal (ICF).

Personal de la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y del Adulto Mayor, desarrolló inspecciones para verificar precios de la canasta básica familiar, cumplimiento al descuento al adulto mayor y constatar si las clínicas están autorizadas para realizar las pruebas contra el Covid-19.