Tegucigalpa, Francisco Morazán.  En las últimas horas, en la capital y en la jurisdicción especial anticorrupción, dio inicio la etapa de debate relacionada con el expediente penal impulsado por agentes de tribunales de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) del Ministerio Público (MP) luego de la investigación criminal por hechos denunciados ante esta dependencia.

Según información proporcionada por fiscales, la acción penal pública se ejerció en contra de los ciudadanos Gabriel Alfredo Rubí Paredes, Gustavo Adolfo Cruz Gómez y Cristian Elías Santeli Chavarría a título de autores directos por suponerlos responsables de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios  y contra Arlette Magaly Montero Rodríguez por suponerla responsable del delito de fraude a título de cooperador necesario en perjuicio de la administración pública del Estado, así mismo, contra Fernando Antonio Sierra Molina por suponerlo responsable del delito de fraude a título de cooperador necesario en perjuicio de la administración pública.

Los antecedentes del caso tienen que ver con acciones supuestamente ilícitas que se dieron en el marco de la atención de la emergencia por covid19 en el año 2020, puntualmente, con la suscripción de un contrato de construcción entre el Comité Permanente de Contingencias (COPECO)  y la empresa “JF Construcciones S.A” para llevar a cabo la edificación del triaje y remodelación del Centro de Atención de Emergencias del Instituto Nacional Cardiopulmonar del Tórax.

En la actualidad, una persona se encuentra con orden de captura internacional, dos de los imputados, entre ellos el ex ministro de COPECO Gabriel Alfredo Rubí Paredes a través de su Defensa Técnica han interpuesto recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional  con suspensión del acto reclamado, y Gustavo Adolfo Cruz Gómez y la ingeniera Arlette Magaly Montero son quienes se encuentran en etapa de juicio oral  y público, contra quienes el MP acreditará prueba suficiente para probar los hechos delictivos a ellos imputados por lo que se espera una sentencia condenatoria en su contra.