Tegucigalpa, Francisco Morazán. – Fiscales de Protección a los Derechos Humanos, en las últimas horas obtuvieron una sentencia condenatoria por estricta conformidad por los delitos de abuso de autoridad y tratos crueles, inhumanos o degradantes en perjuicio de la administración pública y una persona, la causa penal se impulsó en contra de Onis Danilo Vallecillo.
La investigación criminal y posterior judicialización del expediente se dio con motivo de los hechos denunciados ante el Ministerio Público (MP), en el sentido que en enero de 2018 en horas de la noche, el entonces policía militar Onis Danilo Vallecillo, intervino en el marco de sus funciones en los disturbios reportados en la colonia Santa Marta, Lomas del Occidente, de la ciudad de Choluteca.
Los disturbios en referencia se produjeron en el marco de la crisis pos electoral; en ese sentido, la persona ofendida en el presente caso fue detenida bajo el argumento que se sospechaba era el cabecilla del movimiento, no obstante, fue requerido y esposado sin explicación alguna, fue llevado en una patrulla y ante su oposición al arresto fue víctima de una fuerte golpiza y movilizado en el automotor con rumbo al cementerio de Choluteca.
La víctima, presa del temor, optó por lanzarse de la patrulla y por sus medios llegó a su casa de habitación hasta donde llegó el grupo de uniformados, entre éstos, Onis Danilo Vallecillo. De nuevo, el requerido es sometido con abuso de la fuerza y trasladado a la posta policial UMEP 6 esa misma noche. La víctima fue dejado en depósito en dicho lugar donde recibió auxilio médico por iniciativa de su familia, dadas las evidentes y fuertes lesiones provocadas.
Ante la abundante carga de pruebas en contra del imputado y admitir éste su participación directa en las conductas tipificadas como delitos, las partes procesales llegaron a un acuerdo y es así que, informan del mismo con las formalidades debidas al Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, instancia que tras el análisis jurídico respectivo, dicta sentencia condenatoria con una pena principal de tres años de prisión e inhabilitación absoluta por el término de diez años; además, se decretó su responsabilidad civil.