Tegucigalpa, Francisco Morazán. Agentes de tribunales adscritos a la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos con sede en esta capital informan que en las últimas horas se llevó a cabo audiencia virtual de fallo en el expediente 2-169-2022 instruido en contra de quienes se desempeñan como policías preventivos, los ciudadanos Eleodoro Gómez y Nolvez Carillo por la comisión de los delitos de abuso de autoridad y detención ilegal en perjuicio de la administración pública, la seguridad interior del Estado de Honduras y Yovany Alonso Vásquez Castillo, en este sentido se produjo una sentencia condenatoria y se señaló audiencia de determinación de la pena para el día 06 de Junio del 2023 en el Tribunal de Sentencias de Comayagua.
El Ministerio Público (MP) realizó una investigación criminal y posteriormente presentó requerimiento fiscal luego que, los ahora condenados cometieran acciones delictivas, según la relación de hechos contenida en el escrito respectivo, los efectivos policiales se encontraban asignados a la Unidad Departamental de Policía, (UDEP) No 12 con sede en la ciudad de la Paz, cuando en fecha 10 de octubre del año 2015 requirieron a Yovany Alonso Vásquez Castillo, quien salió de su casa de habitación ubicada en la aldea El Carrizal, municipio de Santa Elena, La Paz rumbo al hospital de la localidad donde estaba por dar a luz su pareja.
Los uniformados, al requerir al ofendido y sin mediar palabra comenzaron a propinarle una golpiza, sin ningún tipo de justificación para ello y argumentando que “lo detenían porque sabían que se dedicaba a vender marihuana y que venía de robar”. El ofendido al sentirse en riesgo e impotente comenzó a pedir auxilio siendo asistido por vecinos de la localidad que identificaron plenamente a sus agresores, no obstante ello, la víctima de la agresión fue llevado detenido e inserto en la posta policial de Santa Elena hasta donde llegó su padre a interceder por su liberación encontrándose con la ilícita oferta de los policías en el sentido que la misma se produciría si a cambio pagaba la cantidad de L 600.00, ofrecimiento al cual el jefe de familia se negó rotundamente.
Al tener conocimiento de estos hechos, la Fiscalía instruyó las diligencias de investigación respectivas agotando todas las etapas del proceso penal y logrando finalmente una sentencia condenatoria que favorece a los intereses generales de la sociedad y por supuesto de la víctima cumpliendo con el mandato de Ley y mostrando diligencia y objetividad en todas sus actuaciones.