San Pedro Sula, Cortés. La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), continua con las diligencias investigativas en varias municipalidades en el departamento de Cortés y Santa Bárbara, además y en otro contexto, presenta requerimiento fiscal contra un agente de la Policía Nacional Preventiva.

Los agentes de tribunales destacan en su informe de trabajo regional, la toma de declaración a empleados y exempleados de la municipalidad de San Pedro Sula, ello como parte de las diligencias investigativas por los delitos de malversación de caudales públicos por uso y violación de los deberes de los funcionarios.

Un equipo fiscal y elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se desplazaron hasta la municipalidad de Puerto Cortés para efectuar averiguaciones por varias líneas de investigación.

En la municipalidad de El Naranjito, en Santa Bárbara, también se ejecutaron diligencias investigativas produciéndose la toma de declaraciones ante un posible delito de abuso de autoridad.

Además, se han tomado declaraciones a empleados y funcionarios del Instituto de la Propiedad por una línea de investigación del supuesto delito de violación de los deberes de los funcionarios.

Los fiscales del Ministerio Público también dieron a conocer la presentación de un requerimiento fiscal contra el agente de la Policía Nacional, Elvin Noé López Correa, por sospechas del delito de favorecimiento de la evasión, en ese sentido, tras desarrollarse audiencia de declaración de imputado, el juez competente impuso medidas cautelares distintas a la detención judicial.

Además, los agentes de tribunales dieron a conocer la resolución del Juzgado de Letras de lo Penal que declara sin lugar la petición presentada por los ex empleados de la municipalidad de San Pedro Sula, Ada Esperanza Muñoz Torres, Erick Ulises Rojas González, Jorge Alberto Portillo Aguilar y Jorge Alberto Díaz Santos quienes enfrentan procesos por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.

La petición hecha por los ex empleados de la municipalidad era la de ampararse en el decreto de amnistía 04-2022 aprobado por el Congreso Nacional, que les permitiera liberarse de los delitos antes señalados, pero ante el planteamiento jurídico efectuado por los agentes de tribunales del Ministerio Público la misma fue denegada por el tribunal de justicia.