Tegucigalpa, Francisco Morazán.  Fiscales de protección a los Derechos Humanos, específicamente de la Unidad de Mala Praxis, en representación de los intereses generales de la sociedad interpusieron acción penal pública ante los órganos jurisdiccionales competentes en contra de los profesionales de la medicina Edwin Arturo Fernández Galo (cirujano) y Vicente Cristóbal Salcedo Arauz (Ginecólogo) por suponerlos responsables del delito de homicidio culposo a título de autores directos en perjuicio de la señora Dilcia Yamileth Pineda Silva.

Las actuaciones de la fiscalía se dan en virtud de la interposición de una denuncia por parte de la familia de la víctima, la cual se investiga desde hace ya varios años, concluida la investigación criminal de los hechos considerados constitutivos de delito penal, el Ministerio Público (MP) ha presentado el requerimiento fiscal y ha solicitado al juez competente citar a los imputados a fin que se impulse la audiencia de declaración de imputado respectiva.

Según testimonios, pruebas documentales y periciales, la señora Pineda Silva ingresó al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para la práctica de una cesárea, siendo intervenida hasta el siguiente día de su registro como interna, una especialista en ginecología practicó la operación que tiene como antecedentes la práctica de otras cesáreas en el cuerpo de la víctima y según los facultativos éstos antecedentes colocan en situación de vulnerabilidad los tejidos adyacentes, llevándolos incluso al rompimiento.

Al parecer la ginecóloga pidió al cirujano su intervención y reparación de tejidos, no obstante, éste no exploró, no practicó procedimientos específicos y con ello la ginecóloga resolvió terminar la cesárea dándole el alta a la paciente posteriormente.

Al estar en su casa de habitación la ofendida comenzó a manifestar síntomas como malestar general y vómitos, por lo que nuevamente acudió en busca de atención médica al IHSS donde en emergencia la atendió el ginecólogo de turno sin que se le practicaran exámenes propios de las emergencias, se limitó a recetar analgésicos que únicamente habrían complicado el padecimiento de la señora. A los tres días de la primera emergencia la paciente en efecto se complicó en su salud y de nuevo acudió al IHSS donde fue atendida por otro cirujano quien descubrió que la señora tenía su intestino roto y una sepsis generalizada lo cual la llevó al ingreso de inmediato y atención ante un escenario y pronóstico ya complicado.

En este caso, para el MP resulta fundamental el dictamen médico legal, el cual precisa que el proceder de los galenos lleva implícita responsabilidad médica, lo que normalmente se conoce como mala praxis médica, con ello, la pericia científica fortalece la carga de prueba que el MP ha logrado tras investigar la denuncia, el resultado fatal de estas actuaciones fue la muerte de la paciente tras varios días de hospitalización.