Tegucigalpa, Francisco Morazán. – Agentes de tribunales que laboran para la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos (FEDH), en las últimas horas, han reportado la obtención de una sentencia condenatoria luego del desarrollo de un juicio oral y público documentado en el expediente No AP-103-15 instruido en contra de Santos Emilio Cáceres y Nelson Adalid Espinoza.

Según lo manifestado por los fiscales, son tres los expolicías que fueron investigados y posteriormente acusados mediante requerimiento fiscal, puntualmente el Tribunal de Sentencia Sala dos con jurisdicción en Juticalpa dictó sentencia condenatoria por los delitos de lesiones, allanamiento de morada y abuso de autoridad en contra de Santos Emilio Cáceres y Nelson Adalid Espinoza, un tercer acusado aún no ha sido capturado para continuar el proceso en su contra.

De conformidad con los hechos probados, los delitos penales anteriormente descritos se cometieron en perjuicio de Orlin Coello Elvir, Adelayda Godoy Medina y la administración pública, los imputados en julio de 2013 mientras fungían como efectivos de la Policía Nacional Preventiva y en horas de la noche acudieron a la casa de habitación de Coello Elvir con el propósito de atender una denuncia en el sentido que Godoy Medina había sido raptada por su novio Orlin Coello Elvir, no obstante, llegaron al lugar realizando una balacera que provocó lesiones importantes en la humanidad de Orlin Elvir quien no fue asistido por los uniformados, siendo trasladado a un centro asistencial por familiares.

Todo lo anterior se desarrolló en la aldea Onofio, municipio de Patuca, formalizada la denuncia, el Ministerio Público impulsó las diligencias de investigación respectivas acusando a los dos anteriores y a Luis Alonzo García, aún no habido, pendiente la ejecución de orden de captura. La audiencia de individualización de la pena está prevista para el próximo nueve de septiembre.

La Fiscalía Especial de Protección a los Derechos Humanos reitera su compromiso con la población en general en actuar en representación de sus derechos en el marco de la legalidad y la objetividad impulsando cuanta acción sea necesaria y pertinente a fin que éste tipo de hechos no queden en la impunidad.