De nuevo defensa plantea apelación y se suspende audiencia de proposición de pruebas contra presidente de DESA

Tegucigalpa, Francisco Morazán. Un recurso de apelación presentado por la parte defensora previo a la apertura de la audiencia de proposición de pruebas, dilata nuevamente el proceso que se sigue en contra del presidente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), Roberto David Castillo Mejía, acusado a título de autor intelectual en el asesinato de la líder ambientalista Berta Isabel Cáceres Flores.

Para este lunes estaba programado que el Ministerio Público ofertará toda la carga probatoria ante la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, con miras al señalamiento y desarrollo del correspondiente juicio oral y público, no obstante, los apoderados legales insisten en retrasar el caso, esta vez indefinidamente, hasta que resuelva la Corte de Apelaciones.

Como se recordará, en agosto pasado, un Juez con Jurisdicción Nacional, en audiencia preliminar, le dio razón al Ministerio Público y no le dio valor probatorio a los peritajes con los que los defensores privados pretendían confundir sobre la participación del presidente de DESA en este crimen de impacto.

La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) sostiene su tesis acusatoria frente a una serie de recursos presentados por la defensa del imputado, el último uno de nulidad que buscó desvirtuar los hallazgos del dictamen pericial de vinculación criminal, puesto que el mismo es prueba clave en el proceso, al lograr concatenar el cruce de mensajes y llamadas, entre el imputado David Castillo y el condenado Geovanny Bustillo, quienes hicieron un seguimiento al plan de asesinato que finalmente se perpetró el 3 de marzo de 2016 en la vivienda de la víctima ubicada en la Residencial El Líbano, La Esperanza, Intibucá.

Durante el juicio, que deberá de señalarse una vez que se lleve a cabo la audiencia de proposición de pruebas, el Equipo Fiscal del Ministerio Público acreditará plenamente que David Castillo pagó, dio logística, recursos y se coludió con el resto de los ahora condenados, siete en total, para darle muerte a la ambientalista Berta Cáceres.

Para ello, se cuenta con toda la prueba científica y de otra índole que a lo largo de la investigaciones recabó un Equipo Multidisciplinario que designó el Fiscal General de la República y que integró la FEDCV, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección General de Medicina Forense (DGMF).

Como se recordará, la primera condena por este sonado caso se obtuvo el 29 de noviembre de 2018 en contra de Sergio Ramón Rodríguez Orellana (Gerente DESA), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar), Mariano Díaz Chávez (Mayor Ejército), Edilson Atilio Duarte, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Oscar Aroldo Torres Velásquez, culpables por el delito de asesinato en perjuicio de Beta Isabel Cáceres Flores y asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de un testigo protegido.

Su juicio se desarrolló durante cinco semanas y los Fiscales asignados al caso presentaron más de 100 pruebas entre testimoniales y científicas, donde se demostró la participación que tuvieron los condenados, antes, durante y después del hecho.

Cabe subrayar, que la causa aún sigue abierta y se trabaja en identificar otros autores intelectuales involucrados en el asesinato de la activista de derechos humanos Berta Cáceres.