Tegucigalpa, Francisco Morazán. La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) practican cuatro allanamientos de domicilio, tres de ellos en Marcala, La Paz y uno en una hacienda situada en el Canal Seco, con el objetivo de cumplir órdenes de captura por el crimen de Amílcar Granados Ramos, cuyo asesinato ocurrió el 17 de marzo de 2020 en la aldea Sigamane.

Los sospechosos responden a los nombres de Javier Benítez, Jaksiel Samael Benítez Molina y Lourdes Lorena Urquía, acusados por el delito de asesinato.

Conforme a las diligencias de agentes de delitos contra la vida de la ATIC, el hecho criminal se produjo cuando la víctima se trasladó hasta la aldea en mención, interesado en unos terrenos que estaban en venta y fue interceptado por varios sujetos que se conducían en varios vehículos y quienes le dispararon en varias ocasiones hasta quitarle la vida.

EL móvil del crimen, según los datos recabados fue pasional, debido a una relación extramarital que la víctima mantenía con la pareja de Javier Benítez, esto motivó una emboscada donde le segaron la vida.

Cabe mencionar que en fecha 5 de septiembre de 2021, se realizaron varios allanamientos a las propiedades de los acusados con el objetivo de buscar indicios que permitieran vincularlos al hecho investigado, en aquella ocasión se levantaron varios aparatos telefónicos, armas de fuego, algunas registradas y otras ilegales y una fuerte cantidad de dinero por lo que el señor Javier Benítez fue acusado por lavado de activos y almacenamiento de armas de uso prohibido, siendo condenado por este último delito.

Asimismo, las pericias de las armas decomisada en aquel momento dieron positivo balísticamente dos de ellas con los indicios recolectados de la escena del crimen y los recuperados en la autopsia del cadáver de la víctima; por otra parte, en las extracciones de información de los teléfonos encontrados existe información también los vincula al crimen.

También, en mayo de 2022 la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado y la ATIC le aseguraron siete bienes inmuebles, tres sociedades mercantiles y 13 vehículos a Javier Benítez y su núcleo familiar.

Para la ejecución de los allanamientos se cuenta con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).