El Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), logró que la Corte de Apelaciones en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción ratificara el auto de formal procesamiento en contra de tres implicados en el caso “Hospitales Móviles II”.

Lo anterior, es luego que la defensa de los imputados presentara un recurso de apelación para revocar el auto de formal procesamiento con prisión preventiva en contra de Carlos Luis Guevara Mondragón, excontador general de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), acusado de fraude a título de cooperador necesario; el exasesor legal y administrador de contratos de Invest-H, Héctor Antonio Herrera Flores por fraude a título de cooperador necesario y el representante legal de la empresa AG-Industria, Daniel Antonio Ardón, por fraude a título de cooperador necesario.

Otros coimputados, que se encuentran prófugos de la justicia, son la extitular de la Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores Ferrufino, por falsificación de documentos públicos, fraude a título de cooperador necesario y violación a los deberes de los funcionarios.

Además, la exviceministra de Finanzas, Roxana Melania Rodríguez Alvarado, por fraude a título de cooperador necesario y violación a los deberes de los funcionarios y la exempleada de Invest-H en el área de contrataciones y adquisiciones, Bessy Roxana Rodríguez Mendoza, por fraude a título de cooperador necesario y violación a los deberes de los funcionarios.

Por este caso ya enfrenta un proceso judicial y con medidas distintas a la prisión preventiva por su estado de salud, la exministra de Finanzas, Rocío Isabel Tabora, por su presunta participación en el megafraude de más de 47 millones de dólares ($ 47,512,564.00) equivalente a casi 1200 millones de lempiras (L. 1,174,517,764.33) por la compra de hospitales móviles para la pandemia del COVID 19.

El Ministerio Público reitera su compromiso de perseguir y sancionar a los responsables del mal uso de los recursos destinados a combatir la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y así cualquier acto de corrupción cometido no quede impune.