Tegucigalpa, Francisco Morazán. – Fiscales de la Unidad Contra los Delitos Electorales, dependencia del Ministerio Público (MP) presentaron en las últimas horas cuatro requerimientos fiscales, en contra de cinco personas, quienes en su mayoría ocuparon el cargo de Secretarios de Juntas de Receptoras de Votos (JRV) en el reciente proceso de elecciones generales llevado a cabo el 28 de noviembre de 2021.

En general y según lo describen los agentes de tribunales en la relación de hechos contenida en los requerimientos fiscales se trata de “alteraciones realizadas de manera dolosa” que favorecieron a candidatos a diputados de dos partidos políticos. Los fiscales contra delitos electorales solicitan al juez competente se libren las respectivas órdenes de captura y una vez habidos los imputados se lleve a cabo la respectiva audiencia de declaración de imputado.

La imputación penal para los cinco acusados es por el delito de falsificación de documentos electorales tipificado en el artículo 543 del Código Penal, la Ley Electoral de Hondura determina que los documentos del Consejo Nacional Electoral (CNE) son públicos, además, se establece que quien falsifica documentos electorales debe ser castigado con las penas correspondientes al delito de falsificación de documentos públicos y pérdida de la ciudadanía por el mismo término que dura la pérdida de la libertad.

La Unidad Especial Contra los Delitos Electorales y elementos de la Dirección Policial de Investigaciones han realizado un efectivo trabajo de equipo en la etapa de investigación preliminar de los hechos denunciados, en estos cuatro casos a partir de las denuncias presentadas por los señores Fausto Cálix, Marlen Alvarenga y de oficio tras las irregularidades detectadas por el personal administrativo del Consejo Nacional Electoral (CNE) tras la verificación administrativa por conteo público de actas de diputados y procesos de impugnaciones. El MP se mantiene atento de las decisiones judiciales al respecto de estos cuatro nuevos requerimientos fiscales a la espera de continuar con el impulso procesal de los casos y por otra parte continuar con diligencias de investigación de las denuncias que aún se tramitan administrativamente.