Tegucigalpa, Francisco Morazán. El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) presentó requerimiento fiscal con orden de captura contra Godofredo Cerrato Mondragón, exmiembro de seguridad de la institución por suponerlo responsable de la comisión del delito de malversación de caudales públicos.

El arresto lo ejecutaron agentes de apoyo estratégico, operaciones especiales y comunicaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en la Residencial Hacienda Real y seguidamente remitido al juzgado penal con Competencia Nacional en Materia De Corrupción, Criminalidad Organizada y Medio Ambiente.

De acuerdo a las investigaciones, el señor Cerrato Mondragón, comenzó a laborar para el Ministerio Público a partir de 01 de abril de 2004, en el cargo de Seguridad III, siendo asignado en la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN). En fecha 16 de abril del mismo año se le asignó el arma de fuego, tipo pistola, calibre 9mm, marca Smith y Wesson, propiedad de esta institución.

El imputado fue cancelado por despido en fecha 20 de junio de 2013, sin embargo, se apropió de manera intencional para su propio beneficio del arma de fuego al no hacer el descargo ante la Sección de Bienes o ante la administración de la DLCN de todo el equipo asignado a su persona cuando perteneció al MP.

En conclusión, el requerimiento indica que el acusado mantuvo en su posesión once años desde el momento de su cancelación hasta que el arma de fuego le fue decomisada al señor Christian Noé Laínez García, en fecha 25 de noviembre del año 2022, pero Laínez García fue sobreseído definitivamente por el Juzgado de Letras de El Progreso, Yoro por el delito de porte ilegal de arma de fuego, luego de su fallecimiento.

La FEES-SJ solicita en el escrito que una vez presentado ante un juez se decrete la medida de detención preventiva.

El Ministerio Público reitera su compromiso con el pueblo hondureño de perseguir y sancionar a quienes hayan cometido delitos y utilizado la institución para beneficios propios. Este compromiso se enmarca dentro de las acciones continuas para combatir la corrupción y la impunidad en el país.