Autoridades fiscales y administrativas prohíben que se continúe la práctica de pruebas por covid19 por parte de ciertos establecimientos en la zona norte

San Pedro Sula, Cortés.- Con el propósito de salvaguardar los intereses de la sociedad y evitar problemas mayores que afecten la salud, la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor en coordinación con autoridades administrativas ejecutó en las últimas horas una serie de inspecciones en farmacias y clínicas donde constataron que sus representantes no cuentan con la autorización respectiva para la realización de análisis que detectan el covid19.

Sin el respectivo control, estos establecimientos ofertaban la práctica de dichos análisis, no obstante, personal de la Región Metropolitana de Salud, de la Dirección General de Vigilancia del Marco Normativo, ambas dependencias de la Secretaria del Salud Pública y efectivos de la Dirección Policial de Investigación, (DPI) bajo la coordinación de fiscales del Ministerio Público, detectaron estas inconsistencias y de inmediato ordenaron no continuar con los estudios ante la sospecha de coronavirus.

“Las clínicas y farmacias que se denunciaron que estaban realizando las pruebas PCR para detectar si la persona es paciente positivo del Covid-19 (Reacción en Cadena de la Polimerasa), no estaban facultadas ni autorizadas por la Secretaria del Salud para practicar las mismas” confiaron autoridades fiscales y del ramo sanitario a esta oficina de Relaciones Públicas.

La situación condujo tanto a la Región Metropolitana de Salud como al Departamento de Vigilancia del Marco Normativo a ordenar a las farmacias y clínicas que realizaban la pruebas rápidas del Covid-19, a desistir continuar con las mismas en vista de no contar con la licencias sanitarias respectivas ni las autorizaciones correspondientes, sin perjuicio de las acciones administrativas y penales que se deriven en caso de re incidencia.

La Fiscalía Especial de Protección al Consumidor en San Pedro Sula, es constante en los operativos con el interés de proteger al consumidor, luchando contra la especulación, el acaparamiento de los productos de la canasta básica, la inobservancia de leyes y reglamentos que pongan en riesgo tanto el patrimonio como la integridad física y sicológica de los consumidores y adultos mayores.