Tegucigalpa, Francisco Morazán. El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), obtuvo en audiencia inicial auto de formal procesamiento contra cuatro ciudadanos acusados de supuestas compras irregulares de medicamentos, suministros médicos, equipo quirúrgico y de laboratorio, que resultó en un fraude al Estado de Honduras por más de doscientos veinticuatro millones de lempiras (L. 224,994,921.30).

No obstante, el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó la medida de arresto domiciliario contra Arturo Bendaña Pinel por dos delitos de fraude y dos de prevaricato administrativo.

Mientras que a los ciudadanos Nelson Geovany Alvarenga Rodríguez y Vanessa María Urbizo Escobar, acusados de cooperadores necesarios del delito de fraude y Carlos Octavio Rivas Sánchez señalado de violación de los deberes de los funcionarios, se les dictó medidas cautelares distintas a la prisión establecidas en el artículo 173 numerales 5, 6, 7, 8, 9 y 10.

Es decir, los imputados deberán estar bajo cuidado y vigilancia de una persona que designe el juez, deberán presentarse periódicamente ante un juez, tienen prohibido salir del país, entre otras.

Según las investigaciones, entre 2010 y 2012, exfuncionarios y empresarios utilizaron contratos fraudulentos, licitaciones amañadas y una figura inexistente llamada «extrafinanciamiento» (como si se tratara de la adquisición de tarjetas de crédito) para cometer delitos en contra de la salud del pueblo hondureño.

Los acusados por este caso: Arturo Bendaña Pinel (exministro de Salud), Miguel Ernesto Flores Cisneros, Moisés Torres López, Vinicio David Monterrosa Sierra, Roberto Carlos Meza Figueroa, Vanessa María Urbizo Escobar, Nelson Geovanny Alvarenga Rodríguez, Reynaldo Leiva Suazo y Carlos Octavio Rivas Sánchez.