Tegucigalpa, Francisco Morazán. – La Fiscalía Especial de Medio Ambiente (FEMA), obtiene auto de formal procesamiento contra Noé Varela, por presentar suficientes indicios de la comisión de los delitos de usurpación agravada y daños en concurso ideal, en perjuicio del medio ambiente en Cayo Cañones, Brus Laguna, La Mosquitia.

En diciembre de 2022 y por medio de un sobrevuelo que realizó las Fuerzas Armadas (FFAA), acompañado por miembros de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), personal del instituto de Conservación Forestal (ICF), Procuraduría General de la República (PGR) y de la FEMA, observaron que se habían utilizado alrededor de 150 hectáreas de bosque para pastoreo de ganado, así como para otras actividades agrícolas.

Una vez identificado el lugar denominado Cayo Cañones, jurisdicción del municipio de Brus Laguna, dentro de la zona cultural de la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano y según el informe técnico del ICF 022-ICF-2022; se identificó que no existían prácticas agrícolas amigables.

Asimismo, luego de la ardua labor de parte de la FEMA, así como de un equipo multidisciplinario, se logró individualizar que Noé Varela era la persona que supuestamente había ejecutado un impacto directo al desarrollo y crecimiento de las especies de sotobosque y de las especies nativas de vida silvestre (flora y fauna) del lugar.

Por otro lado, el informe de la FEMA STA-024-0-2023, determinó qué en el sitio denominado Tilasunta está ubicado, según hojas cartográficas, dentro de la zona de reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano, la cual no es una zona para promover el eco-desarrollo para el bienestar de la población y para conservar y perpetuar los recursos bióticos existentes para la nación y la humanidad.

Se calcula que se dañó un área aproximada de 236 hectáreas, en donde también se encontró que se procesaba y se fabricaban lácteos, por lo que supuestamente se ejecutaban descargas al río, del suero que es desechado para la elaboración de estos productos.

Posteriormente, en agosto de 2023, un Juez ordenó la medida de neutralización de los efectos del delito en el sitio. Una vez realizada la misma, el equipo multidisciplinario tomó la decisión de dejar un destacamento compuesto por elementos de las Fuerzas Armadas (FFAA), los que tienen la misión de vigilar un área aproximada de 600 hectáreas, en aras de evitar que personas inescrupulosas intenten volver a asentarse en el lugar.