Tegucigalpa, Francisco Morazán. El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) en audiencia inicial obtuvo un auto de formal procesamiento en la causa instruida al exmagistrado del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Ricardo Rodríguez, acusado por tráfico de influencias y violación a los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.

Misma medida se dictó en contra del jefe de auditorías, Douglas Javier Murillo Barahona, la directora legal, Karen Yadira Martínez Villatoro y el secretario general Santiago Antonio Reyes Paz, todos funcionarios del TSC; en este expediente también se acusó al exmagistrado presidente de ese ente, José Juan Pineda Varela (prófugo de la justicia).

La audiencia preliminar se señaló para jueves 18 de abril del presente año, a las 9:00 de la mañana.

De acuerdo a las investigaciones fiscales, los altos exfuncionarios presuntamente influyeron en la institución con el fin de favorecer a terceros con información manipulada de sus auditorías, por ello se les acusa por esos dos delitos.

Todo dio inicio en el mes de noviembre de 2023, cuando se recibió una denuncia anónima en el Ministerio Público donde se manifestaba que en el departamento de Auditorías del Sector Municipal del TSC, varios empleados por órdenes superiores estaban realizando actos irregulares como ser la destrucción y ocultamiento de documentos relacionados a finiquitos de algunas municipalidades. Fue así, que de inmediato equipos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) procedieron a realizar las investigaciones correspondientes.

Dentro de las acciones realizadas por los fiscales y agentes de la ATIC están la incautación de informes y pliegos de responsabilidad, vídeos de las cámaras de seguridad, toma de declaración testifical por parte de empleados que estaban siendo presionados para cambiar las auditorías a municipalidades, lo que al final logró comprobar cómo funcionan dentro del TSC redes de empleados que aprovechándose de sus cargos influyen en los demás subalternos a fin de que emitan resoluciones contrarias a la ley para beneficiar a terceros.

El Ministerio Público reitera a la población su compromiso de llevar a cabo su misión constitucional de persecución penal y garantiza, además investigar los actos de corrupción en cualquiera de sus manifestaciones.