Tegucigalpa, Francisco Morazán. – Tras presentar pruebas contundentes, la Fiscalía Especial de Medio Ambiente (FEMA) obtiene auto de formal procesamiento contra el representante legal de la empresa Desarrollos Versátiles S.A. de C.V. (DIVERSA), Jorge Alcides Martínez Servellón, por la supuesta comisión del delito de contaminación en perjuicio del equilibrio del ecosistema.

Según los registros de la FEMA, la denuncia data de febrero de 2015 fecha en la que la Unidad Técnica de Ozono de Honduras (UTOH), indicaba que la empresa estaba almacenando y disponiendo de materiales líquidos y gaseosos provenientes del descarte de estantes del refrigerio que contenían en su interior aceites y lubricantes prohibidos por los convenios internacionales de Rotterdam, Estocolmo y Basilea.

En aquel entonces, la Sección Técnica Ambiental (STA) de la fiscalía realizó la inspección en el lugar donde supuestamente realizaban los cambios de materiales usados en los equipos de refrigeración, encontrando un daño de manera directa por el mal uso y manejo de los equipos desechados. Asimismo, el informe técnico N° 2433/2015, de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE) y de la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA), concluyeron que la empresa donde se hizo la supervisión operaba sin licencia ambiental.

Por su parte, la Unidad de Gestión Ambiental Municipal (UGAM) determinó que la empresa que representaba Martínez Servellón estaba dentro de la sub cuenca del Río Guacerique, aproximadamente a 25 metros declarada como zona forestal protegida.

Finalmente, se constató que el personal técnico que trabajaba en ese plantel no estaba debidamente certificado; además de encontrarse una considerable cantidad de equipo de refrigeración descartados a la intemperie, lo que se derivaba en la contaminación del nivel freático de la sub cuenca en mención.

El Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación fue adoptado en respuesta a fuertes protestas públicas en los años 80, tras el descubrimiento de depósitos de desechos tóxicos en países en vía de desarrollo provenientes del extranjero. El convenio, en vigor desde mayo de 1992, busca proteger la salud de las personas y el medio ambiente frente a los efectos perjudiciales de los desechos peligrosos.

Las disposiciones del Convenio giran en torno a la disminución de la generación de desechos peligrosos y la promoción de la gestión ambientalmente racional de los desechos peligrosos, la restricción de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, y la aplicación de un sistema regulatorio para los movimientos permisibles de desechos peligrosos.