San Pedro Sula. Cortés. Un auto de formal procesamiento obtuvo en las últimas horas la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) en contra de la representante legal en Honduras de la empresa DLX Enterprises LLC, Mirna Luz Romero Majano, por suponerla responsable de fraude a título de cooperador necesario.

Dicha resolución, refuerza los argumentos de la apelación del Ministerio Público ante los sobreseimientos con los que semanas atrás fueron beneficiados ex Secretario de Estado en Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), Gabriel Alfredo Rubí Paredes, por el delito de fraude y al ex Subsecretario de Salud, Nery Conrado Cerrato Ramírez, por el delito de falsificación de documentos públicos.

Los hechos investigados en relación a la millonaria compra de una carpa móvil en Villanueva, Cortés, ligan los actos colusorios entre los exfuncionarios con la empresaria, no obstante, a Rubí Paredes únicamente se le decretó auto de formal procesamiento por el delito de violación de los deberes de los funcionarios, por lo que a criterio de la FETCCOP el juez anticorrupción que conoció del caso valoró de forma errónea la prueba y aplicó e interpretó irracionalmente las normas legales, lo que evidencia una contradicción al sí procesar a la empresaria por fraude.

Según la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), para la suscripción irregular de un contrato para la compra de un hospital móvil y unidad de aislamiento para el combate al COVID-19 en Villanueva, se erogaron casi seis millones de lempiras (L.5,560,278.21), pero, lo instalado nada más fue una carpa que no cumplía ni los requisitos básicos o mínimos para atender pacientes en momentos críticos de la pandemia.

De manera que, el recurso impugnativo presentado por el Ministerio Público ante la Corte de Apelaciones del Circuito Anticorrupción, en torno a los sobreseimientos a Gabriel Rubí y Nery Cerrato está orientado a restituir el curso de la causa, haciendo ver que el juez de primera instancia no tomó en cuenta el hecho que si bien es cierto existió un contrato que aparentemente se cumplió, el mismo acordaba la adquisición un hospital móvil con sus salas de aislamiento, sin embargo, lo recibido fue una carpa táctica con toldos y camillas de campamento.

Además, se obvió por parte del juzgador la colusión que se dio entre los encausados para defraudar las arcas públicas y beneficiar a una empresa, estableciéndose que en fecha el 28 de febrero de 2020, el viceministro Nery Cerrato, actuando como Coordinador del Comité Técnico Científico del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) comenzó con el ministro de COPECO, Gabriel Rubí, la solicitud de la adquisición del hospital, alterando documentación y violentando una serie de procedimientos y protocolos legales, todo ello en un tiempo récord de dos días.

Al final, el gobierno hizo a DLX Enterprises LLC, por concepto de pago de las carpas y toldos móviles, transferencias de la siguiente manera: un adelanto de $.33,502.97 el 2 de marzo de 2020, siete días después $.78,173.61 y una última el 17 de marzo de 2020 por $.111,676.58, para un proyecto fallido instalado en un predio de tierra (campo de fútbol) inundable, sin estudios topógráficos, ni mucho menos contar con equipo médico tecnológico para el tratamiento de enfermedades pulmonares como el Coronavirus.

Como se recordará, otro acusado en el presente expediente, es el exadministrador de COPECO, Cristian Elías Santeli Chavarría, aún prófugo de la justicia.