Tegucigalpa, Francisco Morazán. – La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) fue notificada en las últimas horas del auto de apertura a juicio emitido por el Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa, en la causa instruida en contra de la exdirectora ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Rosario Godoy Pérez de Osejo, acusada por el delito de fraude.

El requerimiento fiscal en este caso se remite al año 2007, luego de una investigación donde se determina que en el año 2006 el Consejo Directivo del PANI autorizó a la procesada para iniciar el programa social denominado “Calzando y uniformando niños y niñas en edad escolar”, además de autorizarle modificar el presupuesto de ingresos y egresos manteniendo los techos presupuestados.

Para ello, la funcionaria dio inicio a gestiones ante gobiernos cooperantes para obtener un financiamiento, siendo la embajada de Taiwán la que el 20 de febrero de 2006 desembolsó diez mil dólares ($ 10,000.00), el dinero se utilizó para pagar solamente a cinco de 136 proveedores.

Cabe destacar que el programa inició bajo la dirección material e interina de la Jefa de la Sección de Publicidad, Martha Petrona Cruz, acusada por el delito de falsificación de documentos públicos y quien concilió con la Procuraduría General de República (PGR).

Martha Petrona fue nombrada por la exdirectora del PANI y se constató que el proyecto nunca fue incorporado dentro del presupuesto general de ingresos y egresos y aun así Rosario Godoy Pérez de Osejo procedió de forma unilateral a adquirir el crédito, realizando contratos al margen de la Ley de Contratación del Estado y reglamento de compras del PANI.

La deuda que adquirió el PANI por el programa de calzado ascendió a cuarenta y ocho millones setecientos noventa y un mil dos lempiras con ochenta y cuatro centavos (Lps. 48, 791,002.84), debido a eso se tuvo que hace uso de los fondos de LOTELHSA para cancelar parte de la deuda, mismas que sobrepasaban el costo real puesto que Martha Petrona firmó indebidamente facturas y constancias por millonarios conceptos por orden de Rosario Godoy.

En este mismo expediente ya fueron condenados por el delito de falsificación de documentos públicos a la pena de 6 años de reclusión los ciudadanos Regino Quezada Guillén y Mohameth Amy Hernández.