Tegucigalpa, Francisco Morazán. Fiscales adscritos a la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) se harán presentes ante el Tribunal de Sentencia competente con motivo de lo que será el juicio oral y público en la causa penal que se sigue en contra de Alex Alberto Moraes Girón y Carmen Rubio Bustillo por suponerlos responsables del delito de fraude en perjuicio de la administración pública y en contra del ciudadano Ronal Venegas a quien se le considera responsable penalmente del delito de estafa continuada.

Se trata de una investigación criminal con motivo de los hechos suscitados en el 2004, luego surge una denuncia la cual fue interpuesta ante la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) en el sentido que unos vehículos asignados al entonces Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) debieron ser reparados tras recibirse fondos económicos exclusivamente para este propósito y en calidad de donación por parte del gobierno de China Taiwán y recibidos por parte de la ex primera dama Aguas Ocaña.

El resumen de los hechos descritos por fiscales anticorrupción precisa que “Ella, la primera dama, hizo la entrega de un cheque por la cantidad de treinta mil dólares a la entonces sub comisión interventora del INHFA de la cual Alex Alberto Moraes Girón era el coordinador y en esa misma comisión se encontraba la señora Carmen Rubio Bustillo que hacía las veces también de administradora de lo que ahora es DINAF” indicaron fiscales.

A lo anterior agregan que luego de la donación, se iniciaron acciones administrativas para la contratación de servicios encaminados a la reparación de los vehículos,  la sub comisión interventora se encargó de hacer tres supuestas cotizaciones, en tres diferentes talleres, facultad ésta que no le competía puesto que la Ley de Contratación del Estado ya dispone las normas a seguir, no obstante remitieron las cotizaciones al Departamento Administrativo para que hiciera las revisiones correspondientes, cuyos responsables hicieron una serie de observaciones entre  éstas el hecho que uno de los propietarios de los talleres que supuestamente presentó cotización afirmó que en ningún momento él como responsable del mismo presentó documentación al respecto, además, que otro de los talleres no pudo ser ubicado de conformidad con los documentos presentados y que el número de teléfono consignado en otra cotización pertenecía a un taller denominado “Venegas asociados sur wash” cuyo propietario es el ciudadano Ronal Venegas constatando que no se trataba de un taller mecánico sino de un negocio para lavar vehículos.

A las anteriores se sumaron una serie de observaciones más, no obstante finalmente fueron desconocidas las mismas por la sub comisión y pese a las irregularidades procedieron a suscribir un contrato con el taller “Venegas y asociados sur wash” quienes tenían la responsabilidad de hacer la reparación de los vehículos, no obstante los dictámenes periciales en poder del MP precisan que los automotores no fueron reparados afirman los fiscales anticorrupción, viniendo consigo muchas quejas por parte de los motoristas de las unidades. Se estima que el perjuicio económico del Estado es de un millón ciento cinco mil lempiras.