Tegucigalpa, Francisco Morazán. La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) por medio de agentes de apoyo estratégico, operaciones especiales y comunicaciones ejecutaron en el barrio San Juan de Siguatepeque, la captura de Mario Leonel Molina Santos acusado por la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ), por los delitos a título de autor de intimidación a testigos y otros intervinientes en el proceso penal, además del delito de cohecho a sujetos procesales.

La captura de Molina Santos está relacionada al caso de su primo, el fiscal Luis Fernando Triminio Molina, quien en marzo de este año fue acusado por la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEP-MUJER) por violación agravada en perjuicio de una joven que presuntamente fue detenida con droga y una segunda imputación por abandonar sus funciones públicas sin presentar ninguna justificación, interpuesta por Fiscales de Enjuiciamiento.

De acuerdo a los hechos que la FEES-SJ establece en el requerimiento, a raíz del proceso penal que desde el 21 de marzo se le imputó a Triminio Molina, la última vez que el fiscal auxiliar se presentó a laborar al Centro Integrado (CEIN) fue el 18 de marzo de 2024, sin ningún registro de los meses siguientes a la fecha, materializándose así el delito.

Por este mismo expediente, el pasado viernes 26 de julio se capturó a la doctora Paula Cristina Durán Martínez, asignada como perito en Medicina Forense por los delitos a título de autor de intimidación a testigos y otros intervinientes en el proceso penal, además del delito de cohecho a sujetos procesales.

La investigación indica que la doctora es pareja sentimental del fiscal Triminio Molina, siendo la encargada de realizar el dictamen toxicológico a la droga incautada a la detenida (supuesta víctima de violación) y a sabiendas que su pareja es sospechoso de agredir sexualmente a la joven en las instalaciones del CEIN en La Ceiba, no se recusó, ni excusó para realizar el dictamen, al contrario utilizó los resultados para intimidar y ofrecer dinero a la víctima del delito de violación agravada a cambio de retirar la denuncia.

De su lado, Molina Santos, utilizó los resultados de las pruebas toxicológicas practicadas a la droga por la perito forense del MP, se presentó a la casa de los padres de la víctima del delito de violación para intimidarla con su presencia y ofrecer incentivos económicos con el objetivo que la ofendida retirara la denuncia o cambie la versión, que lo sucedido fue una relación sexual voluntaria.

El Ministerio Público reitera su compromiso con el pueblo hondureño de perseguir y sancionar a quienes hayan cometido delitos y utilizado la institución para beneficios propios. Este compromiso se enmarca dentro de las acciones continuas para combatir la corrupción y la impunidad en el país.