Tegucigalpa, Francisco Morazán. El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), presentó medios de prueba previo al juicio oral y público en la causa contra el exmagistrado del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Ricardo Rodríguez, acusado de tráfico de influencias y violación a los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.

Este expediente también incluye al exsecretario general Santiago Antonio Reyes Paz, la exdirectora legal Karen Yadira Martínez Villatoro y el exjefe de auditorías municipales Douglas Javier Murillo Barahona. Asimismo, el exmagistrado José Juan Pineda Varela, quien se encuentra prófugo de la justicia, ha sido acusado en esta causa.

En la reciente audiencia, los fiscales de FETCCOP presentaron 63 medios de prueba, incluyendo testificales, documentales y periciales, los cuales fueron admitidos por el Tribunal. Además, se programó el juicio oral y público para llevarse a cabo del 21 de julio al 1 de agosto de 2025.

Según las investigaciones, estos altos exfuncionarios presuntamente influían en la institución para manipular auditorías con el fin de favorecer a terceros. El caso se originó noviembre de 2023, cuando el Ministerio Público recibió una denuncia anónima sobre actos irregulares en el departamento de Auditorías del Sector Municipal del TSC, donde varios empleados por órdenes superiores estaban destruyendo y ocultando documentos relacionados a finiquitos de algunas municipalidades. Fue así, que de inmediato equipos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) procedieron a realizar las investigaciones correspondientes.

Dentro de las acciones realizadas por los fiscales y agentes de la ATIC, fue la incautación de informes y pliegos de responsabilidad, vídeos de cámaras de seguridad y declaraciones de empleados que estaban siendo presionados para alterar auditorías. Con estas diligencias investigativas, se logró comprobar cómo funcionan redes de empleados que, aprovechándose de su posición, influyen en los subalternos con el fin de que emitan resoluciones contrarias a la ley para beneficiar a terceros.