Tegucigalpa, Francisco Morazán. El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) acudirá desde este miércoles 14 al viernes 16 de agosto al juicio en materia de privación de dominio en relación a siete cuentas bancarias, cuyo titular de derecho es el exsecretario de Estado en el Despacho de la Presidencia, Ebal Jair Díaz Lupian.

El debate será evacuado por fiscales de la Sección Contra el Delito de Lavado de Activos y Privación del Dominio (SCDLAPD) de la FESCCO, quienes presentarán medios de prueba documentales y periciales, con los que sustentarán la pretensión del MP, para solicitar se dicte una sentencia de comiso definitivo de los activos a favor del Estado de Honduras.

El planteamiento que se hará en el juicio se fundamenta en la Ley Sobre Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, específicamente en el artículo 11 y sus causales 1,2 y 8, que expresa que se procederá a la acción de privación definitiva del dominio cuando no se tenga causa o justificación económica legal de su procedencia, del incremento patrimonial sin justificación y cuando el interesado o afectado no logre justificar el origen lícito.

En tal sentido, la solicitado será en relación a lo establecido en el párrafo quinto del artículo 65 de la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito que manifiesta: “el comiso de todos los derechos reales, principales o accesorios desmembraciones, gravámenes o cualquier otra limitación a la disponibilidad o uso del bien y ordenar su adjudicación a favor del Estado de Honduras a través de la OABI ordenando a esta proceder a la asignación conforme a ley”.

Las siete cuentas bancarias que el Ministerio Público pretende privar del dominio de forma definitiva manejaron en su momento un monto aproximado de más de 51 millones de lempiras (L. 51,500.554.55).

Recordar que el pasado 30 de julio el propio Fiscal General, abogado Johel Zelaya Álvarez, presentó un requerimiento fiscal en contra de Díaz Lumpian y 14 personas más, por el megafraude para el desarrollo de un proyecto habitacional para más de 10 mil familias hondureñas, que fue orquestado por el exalto funcionario del gobierno anterior.