30 condenas y procesos contra 14 alcaldes ha logrado la Fiscalía Anticorrupción de SPS

San Pedro Sula. Cortés. Uno de los ejes fundamentales del Plan Estratégico del Ministerio Público es: el combate a la corrupción.

Solo en la zona norte del país, en los últimos tres años, se presentaron 58 acusaciones y antejuicios contra alcaldes, regidores, policías y otros funcionarios involucrados en delitos en perjuicio de la administración pública. Además, por corrupción se lograron 30 Sentencias Condenatorias.

En el caso de las alcaldías, 14 jefes edilicios de diferentes ciudades y periodos han sido sindicados por actos irregulares, ellos son: David Zacaro Morlach acusado por tres delitos de abuso de autoridad (Tela); Oscar Kilgore condenado por malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de deberes de los funcionarios (San Pedro Sula, pendientes otras causas); Rodolfo Padilla Sunceri condenado por abuso de autoridad. (San Pedro Sula, pendientes otras causas por malversación dolosa, 87 delitos de abuso de autoridad, malversación desviatoria y evasión) y Arnaldo Urbina Soto enjuiciado por 122 delitos de malversación de caudales públicos y 70 delitos de abuso de autoridad (Yoro).

Asimimo, Manuel Antonio Méndez acusado por exacciones ilegales y dos delitos de falsificación de documentos públicos (Yorito); Troy Bodden antejuiciado por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos (Útila); Sandro Martínez antejuiciado por abuso de autoridad (Victoria); Delmy Reyes Corea antejuiciada por abuso de autoridad (Nueva Frontera), Alejandrina Meza condenada por abuso de autoridad (La Lima); Sandra Deras condenada por violación de los deberes de los funcionarios (Choloma, otra causa pendiente por abuso de autoridad); Armando Gal condenado por malversación de caudales públicos (Choloma) y Leopoldo Crivelli Durant procesado por fraude, abuso de autoridad y uso de documentos públicos falsos (Choloma, pendientes dos antejuicios por malversación de caudales públicos y abuso de autoridad).

Además, Astor Amaya Fuentes antejuiciado por dos delitos de fraude y dos delitos de abuso de autoridad (Lima) y Allan Ramos antejuiciado por violación de los deberes de los funcionarios (Puerto Cortés).

Como casos de impacto, se encuentra el denominado “Borrones – Alcaldía SPS” con 10 personas implicadas, 8 están procesadas y 2 tienen orden de captura pendiente, por la malversación de 100 millones de lempiras, fraude y violación de deberes, daños al sistema y falsificación. Entre los exfuncionarios de la comuna sampedrana figura Ada Esperanza Muñoz, quien además fue sentenciada a siete años de reclusión por fraude y sus bienes se aseguraron.

De igual forma, destaca el caso “Sindicato – Alcaldía SPS” relacionado al desvío de 13 millones de lempiras, tres directivos del sindicato de municipalidad sampedrana enfrentan la justicia, una es la expresidenta Ana María Ríos.

También, se presentó el caso “IHSS – Regional SPS” logrando desarticular una red dedicada a extender incapacidades falsas en el Seguro Social, en total 37 personas están procesadas (funcionarios, particulares y extranjeros). Otro expediente se presentó contra personal de enfermería quienes hurtaban y sustraían medicamentos recetados a pacientes adultos mayores.

Finalmente, el caso Banadesa incluye a cuatro funcionarios condenados por fraude, falsificación, abuso de autoridad y malversación, por sacar de forma ficticia préstamos; el caso OABI se refiere a la condena contra exadministrador regional, Oscar Salgado y contra operadores de justicia figuran los fallos contra el exjuez santabarbarense Bernardino Rodríguez por abuso de autoridad, contra la exjuez con jurisdicción nacional Wendy Caballero y contra el exdirector regional de Medicina Forense, Lempira Escobar, por varios delitos de falsificación de documentos públicos.

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ha sido un actor clave para la resolución de muchos de estos casos y para 2020 la FETCCOP de San Pedro Sula proyecta seguir de frente contra el flagelo de la corrupción.